Cohesión Social
Si la obcecada pretensión de arrestar a Antonio Valente Martínez Fuentes "El Toñín" fuera la misma para capturar a los principales líderes de la delincuencia organizada en Puebla, la situación sería otra en el ámbito de la seguridad pública.
Empezó el año 2026 con el hallazgo de un cuerpo desmembrado en los límites entre Puebla (San Miguel Espejo) y Amozoc, y días posteriores se atribuyó el crimen al grupo delictivo “La Barredora”.
En sitios donde se supone no deberían ocurrir homicidios como el penal de San Miguel, una nueva riña entre bandas rivales que pelean por el control del centro penitenciario le costó la vida a un reo.
A la par, hechos delictivos del fuero común y federal siguen ocurriendo en la entidad, como es le caso de Moyotzingo, en la región de San Martín Texmelucan, donde pese a tener fama pública por los asaltos con el gancho de venta de autos por redes sociales, la autoridad no aplica ninguna estrategia al respecto.
En la ciudad capital siguen impunes los asaltos a cuentahabientes como ocurrió el jueves 8 de enero en Villa Encantada, al sur de la ciudad, donde un parte de delincuentes a bordo de una motocicleta despojaron a una persona de 150 mil pesos y lo hirieron con disparo de arma de fuego.
Empezó el año 2026 con la misma tendencia delictiva donde la cuenta de golpes sigue a favor de los delincuentes que no encuentran en sus actividades ilegales acciones y estrategia que les impida cometer sus fechorías.
Son golpes importantes, pero menores ante la magnitud de la problemática delictiva, la detención de presuntos integrantes del grupo delictivo “La Barredora”; se trata de un buen esfuerzo, pero son “charales”, mientras los “peces gordos” siguen ganado terreno.
Centrar obcecadamente la política de seguridad pública en torno a Martínez Fuentes, porque “ofendió” -más bien lo describió- al secretario de Gobernación estatal, pone de manifestó la improvisación y los berrinches al ubicar al “Toñín” como el “enemigo público número uno”, mientras las bandas delictivas siguen haciendo de las suyas.
Si la FGE cuenta con pruebas en la carpeta de investigación de los presuntos ilícitos atribuidos a Antonio Valente Martínez Fuentes, es tan simple como judicializar las carpetas, como lo hacen con inmediatez en muchos casos de interés público.
Hasta la fecha, las autoridades encargadas de combatir a la delincuencia inexplicablemente no han frenado las actividades de los huachigaseros que siguen pinchando gasoductos de Pemex y tienen a Puebla como el estado líder en este delito.
Han pasado solo nueve días del año y los hechos delictivos están a la orden de día, de la variedad que se cometen en el estado, incluidos los robos carreteros en el tramo de la autopista México-Puebla-Amozoc-Orizaba-Veracruz.
De acuerdo con la asociación del transporte de carga, en la pasada temporada de fiestas decembrinas, se incrementaron los asaltos al transporte de carga, principalmente de electrodomésticos, alimentos y otros bienes de consumo.
Si un estado como Puebla, al igual que el resto de las entidades, prevalece la indolencia ante el avance del crimen organizado, lo que genera para el resto del mundo la complacencia, lo que favorece planes militares del presidente de EU Donald Trump, de incursionar en territorio mexicano para detener a los capos mexicanos.
Será una vergüenza que lideres delincuenciales de los carteles de Sinaloa, del Noreste, Jalisco Nueva Generación, etcétera, sean extraídos como ocurrió con el dictador venezolano Nicolás Maduro Moro, y no por operativos de las fuerzas castrenses mexicanas.
Qué hará el gobierno de presunta izquierda, ¿defender la soberanía nacional o a los grandes capos de los cárteles mexicanos? como ocurrió con Venezuela, donde su única preocupación fue Maduro, no los venezolanos rehenes de la cúpula de la dictadura.




