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PUEBLA, Pue., 9 de enero de 2026.- La pugna constante entre grupos delictivos antagónicos que buscan controlar el Penal de San Miguel ocasiona que sea uno de los centros penitenciarios con mayores focos rojos de Puebla.
Fuentes de seguridad consultadas por Quadratín Puebla señalaron que al interior operan células vinculadas a distintos grupos criminales, principalmente relacionadas con La Familia Michoacana, Los Zetas y bandas locales dedicadas al narcomenudeo, extorsión y robo, algunas de ellas con presencia histórica en la zona metropolitana de Puebla. Estas estructuras no actúan de manera abierta, pero disputan espacios estratégicos mediante amenazas, agresiones y el control de actividades ilícitas.
Uno de los principales puntos de conflicto, detallaron, es el manejo del narcomenudeo dentro del Penal, así como el cobro de cuotas a internos por protección, acceso a áreas comunes, teléfonos celulares, estupefacientes y otros objetos prohibidos.
Este control permite a los grupos obtener recursos económicos y mantener liderazgo sobre otros reclusos, lo que genera un sistema paralelo de poder.
De acuerdo con investigaciones hemerográficas y con fuentes de inteligencia policial realizadas tras hechos violentos ocurridos en años recientes, La Familia Michoacana mantiene presencia a través de internos procesados por delitos de alto impacto, quienes habrían establecido redes de control con apoyo externo.
En contraparte, células relacionadas con Los Zetas y grupos afines buscan disputar ese dominio, lo que ha derivado en confrontaciones directas e indirectas dentro del centro penitenciario.
A estas organizaciones se suman bandas delictivas locales, algunas originadas en colonias del sur de la capital poblana y municipios conurbados, que han aprovechado vacíos de control para consolidar su influencia.
Estas células, aunque de menor estructura, funcionan como aliados tácticos de los grupos mayores o como brazos operativos para tareas específicas.
Autoridades penitenciarias han señalado que la pugna se manifiesta mediante agresiones selectivas, castigos internos, amenazas veladas y homicidios, algunos de los cuales han sido clasificados inicialmente como riñas.
En varios casos, estos hechos han derivado en investigaciones internas y traslados de internos considerados generadores de violencia.
El Penal de San Miguel ha sido escenario de múltiples operativos de revisión, en los que se han asegurado armas blancas, drogas, teléfonos celulares y dinero en efectivo, evidenciando la persistencia de redes de corrupción y complicidad que facilitan el ingreso de objetos prohibidos.
El Gobierno del Estado ha reiterado su intención de recuperar la gobernabilidad del penal, mediante el reforzamiento de la seguridad, la rotación de mandos, el traslado de internos de alta peligrosidad a penales federales y la implementación de revisiones permanentes.