“Ni omisión, ni persecución”, aclaró Armenta por caso Eduardo Rivera

PUEBLA, Pue., 6 de noviembre de 2026.- La inhabilitación de Eduardo Rivera Pérez por 15 años para ocupar cargos públicos será motivo de una reunión entre el exalcalde y el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien confirmó que lo recibirá en los próximos días, luego de las acusaciones de persecución política que hizo el panista.

El mandatario consideró necesario que las diferencias se atiendan sin descalificaciones y dejó claro que el caso debe resolverse por las vías institucionales. Aseguró que estará pendiente de que las autoridades no utilicen sus facultades para actuar contra Rivera por motivos políticos, pero tampoco eviten investigar las posibles responsabilidades administrativas.

La sanción fue emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa, después de un procedimiento relacionado con un presunto abuso de funciones. Rivera Pérez cuestionó la resolución y el momento en que se dio a conocer, pues considera que puede tener una intención política ante la cercanía del proceso electoral de 2027. Por ello, anunció que presentará una impugnación.

Armenta precisó que la revisión de estos asuntos no depende directamente de su administración, sino de organismos como la Auditoría Superior del Estado (ASE y el Poder Legislativo. Pese a ello, sostuvo que no permanecerá ajeno a los señalamientos y que escuchará al exedil para conocer su inconformidad.

“Ni omisión, ni persecución”, fue la postura que reiteró el gobernador al referirse a la actuación que espera de las instituciones involucradas. También confirmó que existe comunicación con el panista y que el encuentro se concretará próximamente.

García Parra descarta persecución

Las revisiones a las cuentas públicas de anteriores gobiernos municipales también fueron abordadas por el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, quien defendió la continuidad de los procedimientos de fiscalización y rechazó que exista una estrategia del Gobierno estatal para perseguir a exalcaldes.

Como parte de este contexto, recordó que en 2025 Alejandro Armenta pidió a quienes encabezaron ayuntamientos acercarse a la ASE para resolver las observaciones que tuvieran pendientes. La convocatoria derivó en la apertura de un periodo extraordinario para que los responsables presentaran comprobantes, expedientes y otros documentos que permitieran aclarar el uso de los recursos públicos.

En cuanto al caso de Rivera Pérez, García Parra reconoció que no conoce a detalle las pruebas y argumentos considerados por el Tribunal de Justicia Administrativa para imponer la sanción. Sin embargo, subrayó que el fallo corresponde a una primera instancia y que el exalcalde puede acudir a los mecanismos de defensa previstos en la ley.

El coordinador de Gabinete también señaló que hay otros expedientes en revisión por posibles irregularidades en diferentes municipios, por lo que pidió a los exfuncionarios no dejar pendientes los requerimientos de las autoridades fiscalizadoras y, en los casos correspondientes, de la Fiscalía.

“Hoy no se puede salir y señalar persecución del gobierno del estado, es absurdo. Nosotros no perseguimos a nadie, estamos tan ocupados con todo el trabajo que estamos haciendo”, declaró.

En el caso de la capital poblana, uno de los antecedentes corresponde a la revisión de la cuenta pública 2023, durante la administración de Eduardo Rivera, cuando la ASE identificó un probable daño patrimonial de 261.2 millones de pesos. También quedaron bajo observación contratos, servicios y documentos relacionados con la comprobación del gasto municipal.