En-Clave Ciudadana
Le duró el gusto un par de meses a los transportistas de carga y a los automovilistas la detención de delincuentes relacionados con los asaltos en la autopista Puebla-Orizaba.
De la última semana de octubre a la fecha, nuevamente los usuarios de la carretera de cuota han sido víctimas de la delincuencia en la parte alta de las cumbres de Maltrata.
Familias que viajaban a bordo de sus vehículos fueron asaltados, y en el peor de los casos, civiles armados los despojaron de sus automóviles y camionetas.
Ni el súper dron de vigilancia ni las supuesta videocámaras inhiben a la delincuencia, como tampoco la presencia de patrullas de la SSP y de la Guardia Nacional, porque ya se la saben.
El Operativo Enjambre implementado en los meses de agosto y septiembre para detener a los narcoalcaldes de Esparanza y Tepeyahualco, han servido de poco o de nada, porque las bandas descabezadas se reagrupan con nuevos liderazgos.
Desde prisión los criminales siguen operando las bandas delictivas dedicadas al robo de transporte de carga en la carretera federal 150-D (Puebla-Veracruz)
De nada sirvieron las detenciones, el 15 de agosto de 2026, de Genaro N. en Cuitláhuac, Veracruz, presunto líder criminal Los Zúñiga, así como en septiembre de los ediles Isaac Rodríguez, de Esperanza, y Said de Jesús Godos, de Tepeyahualco.
Las autoridades federales y estatales deben hacer algo más que colocar videocámaras y utilizar drones en la autopista 150 D.
Está comprobado que la estrategia -si es que existe- es errática porque no inhibe ni combate los delitos, y las bandas criminales se pitorrean de la autoridad.
En este contexto, justo en la región, la existencia de la policía forestal del estado es una vacilada; patrullas y policías están de ornato porque el acceso al Parque Nacional Citlaltépetl en territorio poblano controlado por la delincuencia organizada.
No es nueva la extorsión para acceder al cerro de La Negra y el volcán Citlaltépetl, como ocurre con el pago de cuotas de los trabajadores del INAOE para acceder a trabajar a Gran Telescopio Milimétrico (GTM).
El hecho de reconocer que del lado de ascenso de la cara norte del volcán Citlaltépetl, en el municipio de Tlachichuca, un grupo delictivo liderado por El Padrino (sic) extorsiona a los deportista alpinos y visitantes al Parque Nacional Citlaltépetl, no es suficiente.
El reporte es del mismísimo secretario de Seguridad Pública, Francisco Gonzáles Sánchez, pero el dato parece tomado de cualquier portal web de noticias de la región.
El marino identifica al delincuente como El Padrino, cuando se supone que la SSP y la FGE debieron investigar, capturar y presentar al delincuente extorsionador, porque sólo anunciarlo demuestra la limitación de la acción policial.
Con solo anunciar la comisión del delito de extorsión ¿ya se acabó la extorsión y el cobro de piso a los visitantes al Parque Nacional? Francamente esos secretarios del gabinete no le dan resultados a su jefe, y la sociedad poblana está al límite.
El hartazgo social y político de los ciudadanos ante la gravedad de la inseguridad pública, porque la delincuencia impone la ley del plomo y ocupa más territorios en el estado; el costo social y electoral puede ser muy alto, como ocurrió en las intermedias en EU.
Pero en el caso específico del municipio de Tlachichuca, de entrada, al Parque Nacional y de acceso al volcán Citlaltépetl o Pico de Orizaba, la inseguridad es el resultado de la mediocridad del Concejo Municipal que preside el foráneo Carmelo Amador Fuentes Bailón.
Empero la seguridad en ese municipio al oriente del estado es un total desastre, al igual que en los municipios de Ciudad Serdán y San Antonio Atzitzintla, controlados por la delincuencia organizada, que cobra el acceso al Parque Nacional y al Cerro de La Negra, en el acceso al GTM, y no empezó esta semana.




