Territorio y comunidad

La crisis de los fraccionamientos: entre el abandono institucional y la falta de organización vecinal.

En Cuautlancingo, el crecimiento de los fraccionamientos cerrados ha transformado la manera de habitar el municipio. Actualmente, se estima que existen alrededor de 400. Detrás de casetas, portones y vialidades privadas viven familias que comparten servicios, áreas comunes y responsabilidades. Sin embargo, en muchos de estos espacios, la convivencia se deteriora: las cuotas de mantenimiento dejan de pagarse, los reglamentos se incumplen, la participación en las asambleas es limitada y los conflictos permanecen sin una respuesta clara. El problema no es únicamente vecinal. Es también una cuestión de gobernabilidad.

En un régimen de propiedad en condominio, las vialidades y áreas comunes internas no necesariamente se convierten en bienes municipales. Su administración y mantenimiento corresponden, en gran medida, a quienes integran el condominio, conforme a la escritura constitutiva, la ley y el reglamento interno. Pero esto no significa que los habitantes queden fuera de toda responsabilidad pública ni que los servicios municipales desaparezcan por tratarse de un espacio privado.

La Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de Puebla establece, en su artículo 46, que las autoridades municipales deben proporcionar los servicios públicos de su competencia a los condominios, en igualdad de circunstancias que, a otros desarrollos, conforme a la legislación aplicable. La misma ley contempla que los ayuntamientos promuevan la cultura condominal y que la Sindicatura Municipal conozca procedimientos arbitrales para resolver controversias en esta materia.

Entonces, ¿por qué tantas comunidades sienten que están solas?

En la práctica, existe una brecha entre lo que establece la normativa y lo que ocurre dentro de muchos fraccionamientos. La sindicatura puede ser una instancia de atención y resolución de controversias, pero no sustituye a la asamblea, a la administración ni a la organización vecinal. No puede resolver todos los problemas cotidianos, sobre todo cuando se desconocen los procedimientos o no hay participación vecinal.

La falta de organización interna abre la puerta a un círculo difícil de romper. Si las personas no asisten a las asambleas, las decisiones quedan en manos de unos cuantos. Si dejan de pagar las cuotas, se reducen los recursos para vigilancia, limpieza, alumbrado y mantenimiento. Si se incumplen las reglas sin consecuencias, crece la percepción de que cada quien puede hacer lo que quiera. Y cuando los conflictos se acumulan, la comunidad pierde confianza en sus representantes y en las instituciones.

La morosidad afecta el mantenimiento de las áreas comunes, pero no justifica amenazas ni decisiones arbitrarias. La ley contempla mecanismos para atender los incumplimientos, siempre que existan administraciones constituidas, reglamentos y acuerdos de asamblea, y se respeten los procedimientos legales.

El Ayuntamiento y las empresas desarrolladoras deben asumir sus responsabilidades para concretar la municipalización y formalizar la entrega-recepción de las obras e infraestructura. Estos procesos no pueden postergarse indefinidamente ni trasladar a las familias obligaciones que no les corresponden. El gobierno municipal debe exigir y dar seguimiento, mientras las constructoras deben cumplir conforme a la ley. La situación jurídica de cada fraccionamiento debe aclararse, pero nunca servir de pretexto para evadir responsabilidades ni mantener a las comunidades en el abandono.

Cuautlancingo y los demás municipios deben asumir sus responsabilidades en el régimen condominal, brindando orientación, mediación y acompañamiento institucional. La organización vecinal no exime al gobierno de cumplir sus atribuciones.

La cultura condominal no puede construirse dejando solas a las comunidades frente a sus conflictos. La participación vecinal es fundamental, pero no exime al gobierno de cumplir sus atribuciones, intervenir cuando corresponde y garantizar que la ley se conozca y se aplique. Gobernar también significa asumir responsabilidades, no trasladarlas por completo a quienes habitan estos espacios.

A los habitantes les corresponde asumir su parte. Vivir en condominio implica derechos, pero también obligaciones: participar, cumplir los acuerdos, pagar las cuotas aprobadas y respetar las reglas de convivencia. No podemos exigir espacios seguros, limpios y funcionales si al mismo tiempo debilitamos la organización que permite sostenerlos.

Un fraccionamiento cerrado no es una isla. Sus problemas internos repercuten en la movilidad, los servicios, la seguridad y la vida urbana del municipio. La gobernabilidad no consiste en imponer autoridad, sino en contar con reglas claras, instituciones que respondan y comunidades capaces de tomar acuerdos y hacerlos cumplir.

Cuautlancingo necesita revisar cómo se están administrando sus fraccionamientos y qué herramientas reales tienen sus habitantes para resolver conflictos. Porque cuando la ley existe, pero no se conoce, no se aplica o no encuentra instituciones capaces de acompañar a la comunidad, el resultado es una convivencia cada vez más frágil.

Habitar juntos exige algo más que compartir una calle: requiere responsabilidad, participación y una autoridad que cumpla su función.

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