Candidatos de Morena

Persiste en buena parte de los observadores de los asuntos públicos la fijación del presidencialismo del pasado como racional para entender el presente. Hay dificultad para comprender la naturaleza del nuevo régimen político. Es recurrente la inclinación para que el paradigma tradicional presidencialista se sobreponga. Como tal uno de los asuntos que más se dificultan entender es la relación de la presidenta Sheinbaum con el líder moral del proyecto político en curso, Andrés Manuel López Obrador. Existe una insistencia que raya en la necedad sobre la supuesta diferencia que media entre los dos; para eso se suele recurrir a episodios del presidencialismo y con ello anticipar la ruptura. No hay tal y difícilmente la habría.

Consecuente con la errónea caracterización del régimen se hace presente una imaginaria disputa entre López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum en la selección de candidatos a gobernador. No hay tal. La postura es única una vez que se toma la decisión. No existe diferencia más allá de la competencia entre aspirantes y del inevitable fuego amigo y sus consecuencias. La cohesión en la cúpula es cuestión de supervivencia y por ahora todos participan de tal convicción.

Hasta antes del lunes Morena había seleccionado candidatos en cinco estados. Común en ellos la circunstancia política de que no había mayor dificultad para definir al o la candidata. Incluso, en Sinaloa la situación se resolvió a partir de la propia gravedad de la crisis y del fallido regreso del gobernador Rocha Moya al cargo.  

El lunes se anunció que en Guerrero iría la Senadora Beatriz Mojica, una decisión animada por rescatar al Estado de Félix Salgado Macedonio; un intento de definir un mejor rumbo resultado de la llegada de la hija del Senador, Evelyn sin experiencia. En Michoacán se decidió por Carlos Torres Piña exfiscal responsable de la investigación del homicidio de Carlos Manzo, acontecimiento que indignó a muchos en Michoacán y empoderó socialmente al movimiento del Sombrero y visiblemente a Grecia Quiroz. En Guerrero se rompe con el gobierno local morenista; en Michoacán se resuelve a partir de éste. La diferencia está a la vista, en Guerrero el problema está en casa; en Michoacán, en el descontento social.

Ayer se resolvieron Baja California, Quintana Roo y Zacatecas, tres estados agobiados por la inseguridad y con gobernantes desgastados por las dificultades que enfrentan. En Baja California la decisión fue por la Senadora Julieta Ramírez, objeto de una controversia por un supuesto acuerdo con las autoridades norteamericanas para ofrecer información a cambio de un trato indulgente; asunto semejante al de la gobernadora de ese Estado, Marina del Pilar Ávila. 

En Quintana Roo se decidió por el senador Eugenio Segura y muy probablemente el próximo gobernador de Quintana Roo. Así es porque es el estado que en pasadas elecciones locales y federales Morena ha tenido la más elevada diferencia. En Zacatecas llega la también Senadora Verónica Díaz Robles, que al igual que Segura, eran promovidos por el gobernador o gobernadora. 

Los candidatos se definen a partir de un régimen decidido a mantener a toda costa el poder. Llama la atención que el Senado sea el origen de la mayoría de los designados, asimismo, la influencia de los mandatarios en funciones (excepto en Guerrero), incluso en Estados con graves problemas de inseguridad. Las encuestas han sido empleadas para fundar la decisión, en el marco de la mayor opacidad. Pesan las palabras del gobernador Rocha Moya de que en la elección de 2021 perdió la encuesta, pero fue impuesto por el presidente López Obrador.

De los 7 Estados que restan por designar candidato adquieren relevancia Nuevo León y Chihuahua, ante la expectativa de que Morena pudiera ganar la elección a la oposición. Sin embargo, lo que se ha visto hasta hoy es la resistencia de algunos perdedores y en tales condiciones es difícil conformar un frente unificado.

La selección de candidatos no remite a las encuestas, ni a los votos, sino a la política. Lo que se advierte desde ahora es la consolidación del método empleado por López Obrador para la sucesión presidencial. Son procesos diseñados para conservar el poder, no para representar o competir, por lo mismo determina una selección sin perdedores, un reparto del pastel entre los aspirantes.

El régimen político resuelve sus decisiones a partir de una idea de guerra con dos objetivos y una premisa: arrasar al enemigo y contar con un ejército que, ante todo, garantice lealtad y prescindir de la legalidad como lo muestran las campañas anticipadas. El diseño garantiza a perdedores inclusión y garantía de impunidad, para ellos y para quienes gobiernan. La lealtad se erige como el valor fundamental de las decisiones en curso.