Todos lo saben, menos la Presidencia

El secuestro de El Mayo Zambada, el asesinato del diputado Melesio Cuén y el encubrimiento por parte del gobierno de Rubén Rocha Moya constituyen una secuencia de hechos que anuncian el principio del fin del régimen obradorista. La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador y otros nueve funcionarios es el factor. Relevante no es la eventual detención del mandatario y sus presuntos cómplices, sino el juicio sobre la presunta connivencia del más alto nivel gubernamental con el crimen organizado.

Las acusaciones cobran mayor solidez con las investigaciones sobre el contrabando de combustibles en Estados Unidos, cuyos resultados confirman lo señalado en su momento por el entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra: el financiamiento de campañas electorales con recursos del crimen organizado, particularmente la de Rocha Moya y, presuntamente, otras campañas para gubernaturas y diputaciones federales en 2021.

El periodista Luis Chaparro reveló información sobre la aeronave en la que El Mayo fue trasladado a Estados Unidos y dio a conocer un informe oficial que documenta la coordinación con el FBI en el operativo que culminó con su entrega a la DEA. Es importante subrayar que estos hechos ocurrieron en la presidencia de Joe Biden, lo que anula la tesis de que una eventual derrota de Donald Trump frenaría la ofensiva judicial estadounidense.

Muchos conocen estos hechos; al parecer, la única que actúa como si los ignorara es la Presidencia de la República. La FGR documentó el montaje para encubrir el homicidio de Melesio Cuén, quien, como declaró El Mayo, fue asesinado el mismo día y en el mismo lugar donde ocurrió su secuestro. Esa evidencia habría sido suficiente para proceder contra el gobernador Rocha Moya. Ocurrió exactamente lo contrario: recibió el respaldo público del presidente López Obrador. Aquel episodio marcó un punto de quiebre y envió un mensaje inequívoco: si cae Rocha Moya, caen todos.

Aún falta conocer la razón de la abrupta remoción del fiscal Gertz Manero. ¿Se debió a las investigaciones relacionadas con Rocha Moya? ¿O a la indagatoria que involucraba a altos mandos de la Marina en el contrabando de combustibles? Ambos asuntos remiten al expresidente López Obrador y a su círculo más cercano. También resulta pertinente preguntar: ¿qué avances ha habido en ambos casos durante la gestión de Ernestina Godoy? Hasta ahora, ninguno.

Este cuadro de impunidad muestra el financiamiento de campañas electorales de Morena a cambio que las estructuras de gobierno esutiveran al servicio del Cártel de Sinaloa. Existen denuncias documentadas sobre la elección de 2021. Diversos medios nacionales y extranjeros han dado cuenta de estos hechos, pese a que el régimen insiste en atribuir esas investigaciones a una supuesta ofensiva de la ultraderecha. Sin embargo, ahí están las indagatorias judiciales en Estados Unidos y la solicitud de detención de diez funcionarios relevantes, formulada por el Departamento de Justicia.

La presidenta Sheinbaum no puede sostener que faltan pruebas. Las hay. Son testimonios de integrantes del crimen organizado que buscan beneficios procesales. Ahora, existen funcionarios de Sinaloa, incluidos entre los diez señalados, que estarán aportando información a las autoridades estadounidenses. Más preocupante aún para el régimen es que la DEA ha promovido acuerdos de colaboración con personajes de alto nivel político que han comenzado a proporcionar elementos para acreditar la presunta complicidad de la cúpula gobernante con el crimen organizado y el financiamiento ilegal de campañas electorales. De confirmarse esos hechos, estaría en riesgo la existencia jurídica de Morena al nombrarle organización terrorista extranjera.

Frente a una amenaza de esta magnitud apostar al paso del tiempo suele ser un error, cuando no un suicidio político. El especialista en seguridad y crimen organizado Eduardo Buscaglia ha sido particularmente certero al evaluar la respuesta de las autoridades mexicanas y anticipa un panorama muy complejo para el país ante la ofensiva judicial estadounidense. Se trata de una acción sustentada en bases legales sólidas, independientemente de las motivaciones políticas que pudieran acompañarla.

La Presidencia de la República es la institución central del sistema político mexicano. Sin embargo, verdaderamente preocupantes son los efectos de la devastación institucional para enfrentar una crisis de gran magnitud. Hoy México carece de una Corte independiente y confiable. Tampoco hay un Poder Legislativo plenamente representativo y dotado de legitimidad. La destrucción de instituciones fundamentales de la República ha dejado al país vulnerable frente a una eventual crisis política mayor.