Territorio y comunidad

Accesibilidad universal: en el discurso sí, en la calle no

La accesibilidad universal implica que cualquier persona pueda utilizar un espacio de manera segura y autónoma, sin importar su edad o condición. En términos simples, significa que la ciudad funcione para todas las personas. Este concepto se vincula con el diseño universal, propuesto por el arquitecto Ronald Mace en la década de 1980, que plantea diseñar espacios desde su origen para el mayor número de usuarios posible, evitando adaptaciones posteriores y eliminando barreras desde el trazo urbano. Más que una característica técnica, la accesibilidad es una forma de entender la ciudad, implica eliminar barreras físicas, pero también cambiar la manera en que se diseñan los espacios.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de un millón de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa alrededor del 15% de la población. No se trata de un grupo aislado, sino de una parte importante de la sociedad que enfrenta diariamente un espacio público que no fue pensado para ellos. Además, la discapacidad no es una condición lejana: tres de cada diez casos se originan por enfermedades, dos por el envejecimiento y otros por accidentes o desde el nacimiento (INEGI, 2020). Es decir, la discapacidad puede formar parte de la vida de cualquier persona en algún momento. Ignorar la accesibilidad no solo excluye a otros, también es ignorar una realidad que puede alcanzarnos a todos.

Cuando volteamos a ver lo que ocurre en nuestros municipios, los datos no dejan duda. Un ejemplo de ello es que en Cuautlancingo hay más de 3,700 personas con discapacidad; en Amozoc, cerca de 4,000; y en Coronango, más de 2,500 (INEGI, 2020). Son miles de personas que habitan estos territorios todos los días, en entornos que no fueron diseñados para ellas. La pregunta ya no es si debemos hablar de accesibilidad, sino por qué, a pesar de esta realidad, se siguen autorizando proyectos urbanos que excluyen.

Esto no ocurre por falta de normas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1° y 4°, reconoce la igualdad y el derecho a un entorno adecuado; la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 16, establece la accesibilidad en el entorno físico y el transporte; y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 9, obliga a eliminar barreras. Incluso existen lineamientos técnicos como el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad de la Ciudad de México.

En municipios como Cuautlancingo, Coronango y Amozoc, el crecimiento urbano desordenado es evidente: calles sin guías podotáctiles, y en muchos casos sin banquetas; rampas inexistentes o mal diseñadas; y barreras físicas como puestos ambulantes, postes o señalética colocada en medio del paso, convierten la movilidad en un reto constante. Estas condiciones no solo dificultan el tránsito, también excluyen, al impedir que muchas personas se desplacen con seguridad y autonomía.

Pero el problema va más allá del diseño físico. También tiene que ver con decisiones institucionales y con prácticas cotidianas con falta de empatía desde distintos actores, incluida la propia comunidad y algunos operadores de transporte público y de plataformas. Desafortunadamente, existen situaciones recurrentes: unidades que no realizan la parada cuando se trata de personas con bastón o movilidad limitada, así como servicios de plataforma que cancelan viajes al percatarse de que se trata de usuarios con discapacidad.

Es preocupante reconocer que hoy estamos en manos de gobiernos y constructores de ciudad que no priorizan ni diseñan bajo una visión de diseño universal. Se siguen ejecutando obras sin considerar su funcionalidad real, sin estudios suficientes y sin responder a las necesidades de los habitantes. La ineficiencia no solo es evidente, también genera costos que terminan pagando los ciudadanos. Y aunque existen profesionales encargados de planear y construir estos espacios, lo que queda en evidencia es una falta de responsabilidad y de criterio en la toma de decisiones. Porque cuando se diseña sin pensar en las personas, no se trata únicamente de un error técnico: es una decisión que mantiene la exclusión y define quién puede habitar la ciudad y quién no.

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