Al Margen del Estado

Cobrar sin contrapesos (o cómo nos ven desde afuera)

Si algo ha caracterizado a esta columna en estas últimas entregas son las implicaciones internas detrás de la última reforma fiscal. Y es que son varias las cuestiones denunciadas a raíz de ésta que terminan impactando de forma desmedida a la población general nacional. Precisamente por ello, resulta menester señalar que, en los últimos días, el tema fiscal mexicano dejó de ser una conversación doméstica, por un tema un tanto más incómodo. Y es que la forma en que se está cobrando empezó a llamar la atención fuera del país.

Un bloque de más de 300 multinacionales —agrupadas en el National Foreign Trade Council— envió una carta a la Secretaría de Hacienda denunciando prácticas del Servicio de Administración Tributaria que califican como agresivas. Hablan de auditorías extensivas, solicitudes de información sensible, criterios cambiantes y, sobre todo, dificultades reales para acceder a mecanismos efectivos de defensa. Nada que no se haya dicho en este espacio… pero sí alcanzando otra magnitud.

El tema, además, ya llegó al contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en un momento en el que la revisión del acuerdo obliga a mirar no solo reglas comerciales, sino condiciones institucionales. Y ahí es donde la discusión se vuelve más delicada, pues la fiscalización mexicana empieza a leerse como un factor de riesgo para la inversión.

Hasta aquí, el reflejo inmediato sería defender al sistema, diciendo que el Estado tiene facultades amplias, el combate a la evasión es legítimo y la recaudación ha aumentado precisamente por una fiscalización más intensa. Todo eso es cierto. Incluso el propio gobierno ha reconocido que su estrategia pasa por cobrar más sin aumentar impuestos. Pero el problema no está ahí. El problema es cuando esa intensidad deja de ser predecible.

Es importante mencionar que un Estado democrático de Derecho se caracteriza porque está íntimamente vinculado al principio de legalidad, que se traduce en previsibilidad. Básicamente se trata de tener claras las reglas del juego. Bajo ese contexto, las empresas no están discutiendo la existencia de las facultades del SAT, están cuestionando su forma de ejercicio. Y es que la realidad nos lleva a criterios que cambian, requerimientos que se amplían, presión para pagar antes de litigar… dicho de otra forma, el problema no es cuánto se cobra, sino en qué condiciones se cobra.

Y ahí aparece el segundo elemento que vuelve todo más delicado. Las mismas denuncias vinculan este fenómeno con la reforma judicial reciente. Desde fuera, empieza a instalarse la idea de que los mecanismos para impugnar esas actuaciones podrían no ser suficientemente confiables. Un sistema fiscal puede ser duro, exigente e incluso incómodo, sin perder legitimidad. Pero eso depende de la condición de que existan contrapesos creíbles. Cuando esos contrapesos se perciben debilitados, la misma actuación de la autoridad se interpreta de otra forma. La línea es más delgada de lo que parece.

Una auditoría intensa puede ser fiscalización legítima… o puede empezar a verse como presión.
Un requerimiento amplio puede ser control… o puede leerse como exceso. La diferencia no está necesariamente en la ley, sino en la confianza en quien va a revisar después. Por eso el debate ya no es técnico.

Probablemente el SAT sí está actuando dentro de sus facultades. El problema es que esas facultades, ejercidas con ese nivel de intensidad y en ese contexto institucional, empiezan a generar incertidumbre. Y en materia fiscal, la incertidumbre tiene consecuencias inmediatas. Afecta decisiones de inversión, estructuras contractuales y, en última instancia, la disposición misma de operar en el país. No es casual que algunas empresas ya estén considerando mecanismos internacionales de solución de controversias, aun cuando sean más costosos y lentos.

México está siendo observado por cómo está cobrando… y por quién lo va a controlar después. Un sistema fiscal fuerte no es el que más recauda. Un Estado de derecho no es el que más se impone. Es el que genera certeza en cómo lo hace. Y cuando esa certeza empieza a erosionarse, el problema deja de ser cuánto se debe pagar. Pasa a ser si vale la pena seguir jugando bajo esas reglas.

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