Nada personal
"Un pueblo informado nunca será esclavizado". — José Martí
Cuando escuchamos la palabra comodato, pareciera que hablamos de un trámite burocrático sin importancia. Pero detrás de ese término jurídico se encuentra una decisión que puede cambiar para siempre un espacio público.
Eso ocurrió con el Parque Juárez.
El Ayuntamiento de Puebla aprobó entregar en comodato parte de este parque al Gobierno del Estado para la construcción de una estación del Cablebús. La decisión abrió un debate que va mucho más allá de si estamos a favor o en contra del sistema de transporte.
La verdadera pregunta es otra:
¿Puede entregarse un bien público sin conocer toda la información técnica que justifique esa decisión?
Primero entendamos qué es un comodato.
Un comodato es un préstamo gratuito de un bien. En este caso, el Ayuntamiento sigue siendo el propietario del parque, pero cede temporalmente su uso al Gobierno del Estado para un fin específico.
Es decir, el parque no deja de ser municipal.
Simplemente pasa a ser administrado por otra autoridad durante el tiempo que dure el contrato.
Ahora bien, aquí aparece una pregunta que pocos se hacen.
¿Qué ocurrirá con la estación cuando termine el comodato?
Existen tres escenarios jurídicos posibles.
El primero es que, al concluir el plazo, la estación y todas las obras construidas queden incorporadas al patrimonio municipal, si así lo establece el contrato.
El segundo consiste en renovar el comodato, permitiendo que el Estado continúe administrando la infraestructura. Este suele ser el escenario más frecuente cuando se trata de sistemas de transporte que siguen operando.
El tercero, aunque poco común por su elevado costo, sería que el Gobierno del Estado retire la infraestructura y restituya el parque a su estado original, si así se pactó.
Todo depende del contrato.
Y justamente ahí aparece otra interrogante.
¿Qué dice ese contrato?
Más importante aún:
¿Qué información tuvieron los regidores antes de aprobar el comodato?
Hasta ahora no se han difundido públicamente los estudios de movilidad que expliquen por qué la estación debe ubicarse precisamente en el Parque Juárez y no en otro sitio.
Tampoco se conocen los análisis de demanda de pasajeros, las alternativas evaluadas, ni la justificación ambiental de intervenir un parque urbano.
No significa que no existan.
Pero tampoco significa que el Cabildo los haya conocido.
Y esa diferencia es enorme.
Porque una cosa es votar con un expediente técnico robusto sobre la mesa.
Otra muy distinta es autorizar la entrega de un bien público esperando que los estudios lleguen después.
La Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla promueve que las obras públicas se diseñen con criterios de accesibilidad, seguridad, sostenibilidad y evidencia técnica.
Si la estación del Cablebús representa la mejor solución para la movilidad de Puebla, los estudios deberían demostrarlo con claridad.
Y si esos estudios existen, la ciudadanía tiene derecho a conocerlos.
No basta con afirmar que un proyecto será benéfico.
Los beneficios deben poder medirse, compararse y explicarse.
Porque el Parque Juárez no pertenece al Ayuntamiento.
Tampoco al Gobierno del Estado.
Pertenece a los poblanos.
Por ello, antes de modificar uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad, lo mínimo que merece la ciudadanía es conocer las razones técnicas, ambientales y urbanísticas que respaldan esa decisión.
La discusión ya no es únicamente sobre un Cablebús.
Es sobre cómo se toman las decisiones respecto al patrimonio público.
Y esas decisiones, por definición, deberían construirse con evidencia, transparencia y participación ciudadana, no únicamente con votos.