Multienfoque Social

Doña Carlota y la Justicia por propia mano

1. Los hechos.

Como ya vimos en una columna anterior, el uno de abril de dos mil veinticinco, en la Unidad Habitacional Ex Hacienda Guadalupe, en Chalco, Estado de México, Doña Carlota de 74 años de edad accionó un arma a las afueras de una vivienda perteneciente a su hija, ante la noticia de invasión de la casa por parte de gente desconocida.

El caso se volvió viral a nivel nacional, por la difusión de un video en el que se ve a la señora disparar en contra de los invasores. En el lugar perdieron la vida dos hombres de 51 y 19 años de edad.

El resultado, la septuagenaria y sus hijos están siendo procesados por doble homicidio calificado, respecto lo cual alegan actuaron en legítima defensa.

Hoy quiero hacer una pregunta incómoda, ¿qué tan desagarrado está el tejido social, ¿qué tanta falta de confianza hay en las autoridades o qué hay en nuestra cultura que las personas deciden no cumplir el derecho y hacer justicia por su propia mano?

2. El derecho a la justicia.

El artículo 17 de la Constitución establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar algún derecho.

Esto significa que, cuando exista alguna controversia, el caso debe ser dirimido por un tribunal, de manera pronta, completa e imparcial. Lo cual implica no solo el poder acceder al aparato de justicia, sino que se respeten todas las etapas del procedimiento, se escuche a los interesados, se dicte una sentencia y, en su caso, se cumpla lo que diga esa sentencia, dentro de un plazo razonable.

Pero, ¿qué hay en nuestra idiosincrasia o en la consciencia colectiva que en México nos hace optar por otro tipo de soluciones o creer que seguir las normas es optativo o que si las incumplimos no pasa nada? 

Esto más que una característica de la mexicanidad, es una verdadera cuestión estructural.

3. El estado de ilegalidad consentido.

Existe una tendencia recurrente de la sociedad mexicana, y en especial de los factores de poder -incluidos los gobiernos- a la anomia en general y a la ilegalidad en particular, o sea a la inobservancia de normas jurídicas, morales y sociales, la cual resulta bastante fácil de percibir.

Los fraudes electorales, el desprecio por las leyes de tránsito, las leyes que rigen el medio ambiente (como en la reciente contaminación al Gofo de México), la evasión tributaria (se calcula que 1.4 billones de pesos se pierden anualmente por esto), son solo algunos ejemplos muy palpables de la ajuricidad que impera en la sociedad mexicana.

Y, finalmente, la corrupción. El fenómeno de la corrupción está masivamente generalizado en la sociedad mexicana, pues según la Tercera Encuesta Nacional sobre Corrupción e Impunidad, un gran porcentaje de las personas no creen que se respeten las leyes regularmente y que la corrupción se da muy frecuentemente.

Así, es claro que hay una clase de inobservancia generalizada de normas jurídicas, sociales, convencionales y morales que conduce a que unos pocos estén mejor y la mayoría estén peor que si se respetaran las normas.

Dicho est llegamos al meollo de este asunto, la justicia por propia mano, que comienza como un síntoma, pero que después se retroalimenta y se vuelve parte del estado de ilegalidad consentido.

4. La justicia por propia mano.

El fenómeno de la justicia por propia mano surge del quiebre del pacto social, donde la ineficacia, corrupción e impunidad de las instituciones de seguridad y justicia actúan como factores criminógenos. 

Cuando el estado no puede garantizar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos e ignora las "ventanas rotas" del entorno social, pierde el monopolio de la violencia y los ciudadanos sustituyen la legalidad por la justicia por propia mano. 

Este proceso se genera por una alta cohesión social e interpersonal, donde la confianza en los pares y el hartazgo compartido validan la violencia contra el infractor como un mecanismo de autodefensa ante el vacío percibido de autoridad.

En casos como el de Doña Carlota, una amenaza inminente y la nula expectativa de auxilio institucional transforman a las víctimas en justicieros. Esta transgresión, aunque no está amparada por la Constitución, es alimentada por la validación social en redes sociales y la simpatía hacia la víctima frente al ofensor. 

En última instancia, la aparición de los justicieros es un síntoma de un deterioro sistémico que solo puede revertirse garantizando un acceso real a la justicia, reduciendo las brechas de impunidad y profesionalizando a los operadores del derecho para restaurar la fe en las instituciones públicas.

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