En Prospectiva

Operación Enjambre, necesaria pero insuficiente

La detención de 111 funcionarios presuntamente involucrados en actos de corrupción y actividades delictivas por parte de la federación sin duda es un buen inicio para interrumpir la dinámica de los grupos delictivos por cooptar a las autoridades locales y así avanzar en la búsqueda del control territorial, sin embargo su alcance es limitado ya que solo involucra al nivel municipal, dejando a salvo los gobiernos estatales, los cuales no están excentos el de ser infiltrados por la delincuencia organizada.

No es la primera vez que esto sucede, ya pasó con el “Michoacanazo” de aquel 26 de mayo de 2009 cuando autoridades federales detuvieron a 11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios y un juez local, acusados de mantener vínculos con la Familia Michoacana, los cuales obtuvieron su libertad por insuficiencia de pruebas, fallas en el debido proceso y fuertes presiones de carácter político.  El gobernador de ese entonces era el actual Diputado por Morena, Leonel Godoy y el presidente de la República Felipe Calderón.

Antes como ahora el principal problema es que a este tipo de acciones se le da una connotación política más que técnica y su impacto mediático jamás se traduce en una política pública permanente y sostenible que permita que los presidentes municipales, que no alcaldes, sean menos vulnerables a los embates de la delincuencia que siempre comienza por el rival más débil y olvidado.

Dicho de otra manera, desde siempre las presidenciales municipales, han sido presa fácil de grupos delictivos para incluir cuadros suyos e incluso tomar decisiones en materia de obra publica y en varios casos de seguridad pública, sin que los gobernadores hagan algo por ellos en términos preventivos, con mayor razón si son de otro color partidista, ya que les conviene porque mientras unos se debilitan (presidentes municipales), otros se fortalecen (gobernadores), especialmente en vísperas de algún proceso electoral.

En los casos del Estado de México, Morelos y  Puebla, la primera reacción de los gobiernos estatales fue condenar los hechos, después aplaudir a la federación y finalmente desmarcarse de los detenidos, aunque militen en el mismo partido político ya que de esa manera el desgaste es menor.

Lo ideal sería que su reacción fuera apoyar a los municipios destinando más recursos en materia de seguridad, particularmente en control de confianza, capacitación, equipamiento, supervision y una mejor conducción de las policías municipales, pero en lugar de ello envían fuerzas estatales para asumir las tareas de salvaguarda del patrimonio e integridad de los ciudadanos, lo cual no está mal pero es insuficiente.

Como medida adicional el gobierno federal destina elementosde la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano e incluso la Marina  pero les cobran por todo, desde salarios hasta gasolina, pasando por vehículos de determinadas características, hospedaje, alimentación y compensaciones.

Resultado de lo anterior es un mayor debilitamiento de las arcas municipales, llegando en algunos casos a la inanición. Ejemplo de ello fue en su momento Ciudad Juárez, Chihuahua, donde antes de la llegada de la Policía Federal en 2010 el municipio no tenía ni para pagar la nómina de su policía municipal, ya que las fuerzas federales (Ejército Mexicano) que antecedieron la Estrategia “Todos somos Juárez” se llevaron las camionetas pick up (ChvroletCeyenne) que el municipio había adquirido para labores de patrullaje y se quedaron hasta con una maquiladora.

Esta historia no debería repetirse, tampoco los casos recientes de Morelos, México y Puebla en el marco del “Operativo Enjambre” en su versión reactiva, sino a partir de ahora ser más preventivos.

Pero sin duda la mejor versión del “Operativo Enjambre” será el proceso de selección de candidatos rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2027, esa no se traducirá en detenidos pero si en más y mejores presidentes municipales, alcaldes y legisladores.

• X: @FacRosas