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PUEBLA, Pue., 24 de octubre del 2026 - Augusto Ramos Melo exigió a la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo atender la inseguridad, las extorsiones y el cobro de piso; el sector moviliza 1.6 millones de toneladas de mercancías y registra 21 mil cruces fronterizos diarios con Estados Unidos.
Las pérdidas económicas que podría enfrentar México por las afectaciones al autotransporte de carga alcanzarían los 7 mil millones de pesos diarios, advirtió Ramos Melo, presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), quien exigió al Gobierno Federal atender la inseguridad carretera, las extorsiones y el cobro de piso que enfrentan los operadores.
El dirigente señaló que las condiciones actuales comprometen la operación de miles de empresas y los empleos que dependen de esta actividad. Entre los principales problemas del sector también identificó las deficiencias de la infraestructura vial, la sobrerregulación y la reducción de estímulos fiscales.
Ante este panorama, Canacar reclamó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para exponer las demandas del gremio y obtener respuestas formales. Entre las medidas que solicita están modificar la estrategia de seguridad en carreteras, mejorar las vialidades y establecer condiciones fiscales que permitan mantener las unidades en circulación.
La dimensión económica de esta actividad explica la preocupación del sector. De acuerdo con cifras de Canacar, el autotransporte moviliza 1.6 millones de toneladas de mercancías, mientras que el intercambio comercial entre México y Estados Unidos registra aproximadamente 21 mil cruces fronterizos diarios, con un valor de mil 800 millones de dólares.
Una interrupción prolongada de las operaciones podría repercutir en el traslado de productos y en las cadenas de suministro que conectan a empresas, centros de distribución y consumidores. La estimación de pérdidas por 7 mil millones de pesos diarios fue planteada por la cámara ante el escenario de afectaciones al transporte de carga.
Sostuvo que las autoridades deben atender las condiciones en las que trabaja el sector, que denuncia la presencia de grupos criminales en las carreteras y el cobro de cuotas ilegales a los transportistas. Las organizaciones también buscan que se revisen las disposiciones que incrementan los costos de operación.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación informó que mantiene abiertos los canales de diálogo con las agrupaciones y que ofreció una mesa permanente de trabajo con las autoridades competentes. La dependencia reconoció las preocupaciones del sector y pidió privilegiar los acuerdos para evitar afectaciones a la población, al tránsito y al traslado de mercancías.
El conflicto se mantiene ante la convocatoria de movilizaciones para el lunes 26 de octubre, mientras los transportistas insisten en que sus demandas requieren respuestas concretas de las autoridades federales.




