El “rancho” en cárceles: qué comen los presos y por qué sus familias llevan alimentos

PUEBLA, Pue., 24 de octubre de 2026.— La alimentación en las cárceles de Puebla vuelve a estar bajo la lupa tras la contratación de un servicio de hasta 126 millones 406 mil pesos para suministrar comida a personas privadas de la libertad.

​La licitación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal abre interrogantes sobre la calidad nutricional de las raciones, su distribución diaria y las razones por las que los internos también reciben alimentos de sus familiares.

​En el lenguaje penitenciario, la comida que se sirve a los internos se conoce como “rancho”, una expresión coloquial que identifica las raciones distribuidas en los centros de reclusión.

​Sin embargo, más allá del término, la pregunta es si los alimentos que reciben cumplen con las condiciones de suficiencia, calidad y nutrición que establece la ley.

​Las especificaciones del servicio contratado contemplan desayuno, comida y cena, con un aporte energético aproximado de 2 mil 779 kilocalorías por persona al día.

​El menú incluye guisados, leguminosas, sopas, tortillas o pan, bebidas y, en la comida, una porción de postre.

​Tres comidas al día y porciones establecidas

​El esquema alimentario fija cantidades específicas para distintos productos. Entre ellas, contempla guisados de 300 gramos por tiempo de comida, además de 100 gramos de frijoles, lentejas o garbanzos. Para las proteínas, establece porciones diferenciadas según el tipo de carne y si se sirve con hueso o sin él.

​El desayuno considera alrededor de 889 kilocalorías; la comida, mil 21, y la cena, 869, para completar el aporte diario previsto en las especificaciones.

​No obstante, el peso de un guisado no equivale necesariamente a la cantidad de carne que contiene. Para determinar la calidad nutricional de las raciones es necesario revisar los ingredientes, las porciones efectivamente servidas y el equilibrio de nutrientes, así como las necesidades particulares de cada persona.

​La existencia de un menú y de cantidades establecidas tampoco demuestra, por sí sola, que los alimentos se entreguen completos o que se cumplan las condiciones contratadas.

​¿Por qué los familiares llevan comida a los presos?

​El ingreso de alimentos por parte de familiares no sustituye la obligación del Estado de garantizar una alimentación adecuada a las personas bajo su custodia.

​El artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal reconoce el derecho de las personas privadas de la libertad a recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

​A su vez, el artículo 59 establece que las reglas de cada centro penitenciario deben determinar qué alimentos pueden introducir las personas visitantes.

​Por ello, los productos que llevan las familias están sujetos a las disposiciones de cada penal y a los controles de seguridad correspondientes.

​Acatlán de Osorio, antecedente de deficiencias

​Las condiciones de alimentación en las cárceles poblanas ya fueron objeto de una investigación de derechos humanos.

​En 2023, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla emitió la Recomendación 28/2023 por deficiencias detectadas en el centro penitenciario municipal de Acatlán de Osorio.

​De acuerdo con el organismo, las personas internas recibían cinco tortillas por la mañana y cinco por la noche, además de agua potable.

​La investigación también documentó que podían recibir alimentos de sus familiares y que existían referencias a aportaciones económicas para comprar comida.

​La comisión determinó que las condiciones documentadas eran insuficientes para garantizar una alimentación nutritiva y de calidad, por lo que acreditó violaciones a derechos humanos.

​Un contrato de hasta 126 millones de pesos

​La licitación pública nacional GEP-SPFA-LPN-052-209/2026 contempla la adquisición de víveres e insumos para preparar alimentos en centros penitenciarios estatales y en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes.

​También incluye paquetes individuales para personas imputadas atendidas por la Dirección de Medidas Cautelares y la Policía Estatal Procesal.

​El contrato adjudicado a Operadora de Comedores Saludables, S.A. de C.V., contempla un monto mínimo de 50 millones 562 mil 767 pesos y uno máximo de 126 millones 406 mil 73 pesos, con IVA incluido, para el periodo del 6 de abril al 31 de diciembre de 2026.