Hablemos de salud integral
Cuautlancingo agoniza de sed, pero no por falta de nubes, sino por exceso de asfalto y corrupción. Mientras miles de habitantes abren la llave para recibir apenas un hilo de agua sucia, el crecimiento inmobiliario irresponsable devora los matos acuíferos del Municipio.
La construcción desmedida de fraccionamientos se autorizo sin planeación hídrica, priorizando las ganancias e las constructoras sobre la sustentabilidad de la zona, el resultado es un territorio colapsado donde el agua dejó de ser un derecho para convertirse en una mercancía de lujo.
La crisis hídrica escaló a niveles alarmantes con el reciente operativo federal en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla, donde la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Fiscalía General de la República, la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, clausuraron tres pozos clandestinos dedicados a la extracción ilegal de agua.
El “huachicoleo” de agua opera bajo la sombra de la impunidad: particulares perforan la tierra de forma ilegal para alimentar un jugoso mercado negro. Irónicamente, este delito sostiene la economía de decenas de familias locales que viven del negocio de las pipas de agua, un esquema costoso que los ciudadanos se ven obligados a pagar para subsistir.
Ante el abandono de las autoridades, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla emitió la recomendación 23/2026 dirigida al Ayuntamiento de Cuautlancingo y la SOSAPAC. El organismo acreditó la violación flagrante el derecho humano al agua de más de 40 mil habitantes, dictaminando que el Municipio debe proveer de forma gratuita al menos 50 litros diarios por personas a los afectados.
Perforar un pozo por cuenta propia está estrictamente prohibido. De acuerdo con el articulo 20 de la Ley de Aguas Nacionales, toda explotación de aguas subterráneas requiere un titulo de concesionario otorgado por la CONAGUA. Quienes infringen la ley enfrentan la clausura definitiva, el decomiso de equipo, multas millonarias.
Cualquier pozo que opere de forma legal en Cuautlancingo y en todo el país debe estar obligatoriamente inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), en el Municipio existen solo 88 registros.
El caso Cuautlancingo es el reflejo de una política urbana criminal que cambio sustentabilidad por cemento. La clausura de pozos irregulares es un paso necesario, pero insuficiente si no se frena de raíz la entrega de permisos habitacionales inviables. El Municipio debe acatar de inmediato la recomendación de la CDH, rescatar su red de tandeo y castigar la extracción ilegal, de lo contrario, Cuautlancingo se convertirá en un desierto de condominios donde el progreso se medirá en metros cuadrados y retroceso en los días que pasen con las cisternas vacías.




