Diagnóstico Político

Ayotzinapa, una herida sin cerrar

El Ejército Mexicano sigue impune en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desaparecidos hace 12 años; éste es el sentir de los deudos quienes mostraron su inconformidad en los diferentes medios de comunicación. El factor determinante de los avances y retrocesos de la investigación es la alianza sólida entre militares y clase política, la cual está basada en la gobernabilidad. El problema es que las Fuerzas Armadas no han cumplido cabalmente con la tarea de salvaguardar la integridad de los ciudadanos y no solamente nos referimos a este hecho.   

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entiende la necesidad de dar resultados a pesar de los obstáculos. Sin embargo, no necesita hacer creer a la opinión pública que mantiene una buena relación con los padres de los jóvenes desaparecidos, cuando en la conferencia de prensa del 28 de septiembre no estuvieron presentes. Ahí informó de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Desde su óptica, esto no significa cerrar la investigación, y destacó que el reporte de la Fiscalía General de la República y la Secretaria de Gobernación ya les fue informado a los padres.

Entre las demandas de los padres de los 43 estudiantes está el regreso de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Las autoridades explicaron que éste fue disuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Palacio Nacional contactó al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien recomendará a otros expertos en la materia. 

Una de las principales novedades en la investigación corresponde al análisis de comunicaciones realizadas durante la noche de los hechos. En la revisión de registros telefónicos, entre 2014 y 2015, lograron identificar a 17 personas, las cuales no habían sido reconocidas previamente en la investigación; hubo comunicaciones entre servidores públicos, policías, personas relacionadas con el grupo criminal de Guerreros Unidos y particulares. 

Las autoridades lograron establecer la participación de Rodolfo “N” y tres de sus familiares, dueños de la funeraria El Ángel que contaba con un horno crematorio clandestino, además del personal del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala.

En la nota de Jessica Xantomila y Emir Olivares de La Jornada del 28 de septiembre, se destacó la detención del dueño del velatorio y su familia quien recibió llamadas de miembros de Guerreros Unidos esa noche. Así como que semana después del ataque Rodolfo “N” utilizó el equipo telefónico perteneciente al estudiante Julio César Mondragón, quien fue asesinado y desollado.

Otros medios de comunicación comentaron sobre la existencia de otras tres órdenes de aprehensión contra servidores públicos vinculados con los servicios médicos forenses y el Ayuntamiento de Iguala.

 Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, y presidente de la Comisión para la Verdad sobre la y el Acceso a la Justicia (Covaj), afirmó que hay 17 militares detenidos y bajo proceso, y que su participación en los crímenes se habría dado “a título personal” y no “como institución” de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Así no funciona el Ejército Mexicano.

Vale la pena retroceder en el tiempo para entender mejor el presente; el expresidente Enrique Peña Nieto decidió encubrir a los autores materiales e intelectuales de las desapariciones. Hizo todo lo posible para sepultar las evidencias. Le dejó una herencia envenenada a Andrés Manuel López Obrador, quien se apoyó en los hombres de verde y les entregó los puertos y distintas posiciones; ellos estuvieron a cargo de sus obras emblemáticas.

Creó una nueva burguesía a la que le otorgó impunidad, en el caso preciso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

El ex subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina, fue el único funcionario quien involucró a los militares en la noche de Iguala; claro, sufrió las consecuencias, y por presiones de AMLO presentó su renuncia el 19 de octubre de 2023.

La izquierda electoral no digiere de manera adecuada esta sentida demanda debido a los intereses que conlleva el poder, los cuales se contraponen contra el reclamo de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, y quienes exigen saber toda la verdad sin importar las consecuencias.  Este es el nudo del conflicto entre ambas partes.