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Imagine que usted tributa en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Un día se atrasa con sus declaraciones. Después se pone al corriente y sigue pagando sus impuestos como siempre. Meses más tarde, el SAT le informa que ya no pertenece al régimen y que debió calcular sus impuestos de otra manera. ¿Desde cuándo? Desde que incumplió. ¿Cuándo se enteró? Cuando Hacienda decidió avisarle. ¡Vaya manera de fomentar la confianza!
Vamos por partes. El RESICO permite a determinadas personas físicas pagar el impuesto sobre la renta con tasas de entre 1% y 2.5% sobre sus ingresos efectivamente cobrados, sin deducciones. Su atractivo está en la sencillez. Sin embargo, el artículo 113-I de la Ley del ISR establece que quienes omitan tres o más pagos mensuales durante un año calendario, consecutivos o no, deben abandonar el régimen. El problema es cuándo se producen las consecuencias por incumplir, y cómo se entera el contribuyente.
El 23 de octubre se publicó la jurisprudencia P./J. 209/2026 (12a.), mediante la cual la Suprema Corte determinó que la salida del RESICO opera desde el incumplimiento, sin necesidad de que previamente exista un acto de autoridad que actualice las obligaciones del contribuyente. Según el criterio, la consecuencia nace directamente de la ley. El SAT debe comunicarla mediante un acto fundado y motivado, pero esa comunicación no provoca el cambio: solamente informa que ya ocurrió.
Ajá… pero ¿qué pasa entre el supuesto incumplimiento y la notificación?
El artículo 16 constitucional exige que los actos de autoridad estén fundados y motivados. No basta con citar una disposición, sino que hay que explicar qué facultades permiten intervenir, cuáles hechos se atribuyen al particular y por qué encuadran en la norma. Por su parte, el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación exige, entre otros elementos, identificar a la autoridad emisora, expresar el objeto del acto y contar con la firma del funcionario competente.
Estas formalidades no están para llenar hojas membretadas. Permiten conocer las razones de la actuación administrativa y, en su caso, combatirlas. Un acto puede tener apariencia de legalidad y, aun así, apoyarse en hechos equivocados. Lo que esperaríamos de un estado democrático constitucional de Derecho, vaya.
Supongamos que el SAT omite considerar una declaración presentada o registra incorrectamente un incumplimiento. El contribuyente podrá impugnar la decisión, desde luego. Pero quizá para entonces ya acumuló meses de obligaciones bajo un régimen diferente, sin haber sabido siquiera que la autoridad consideraba actualizada la causa de exclusión.
Es necesario decir que la Corte no autorizó al SAT a prescindir de un acto fundado y motivado. Lo que resolvió es que dicho acto no resulta necesario para que se produzca la salida del RESICO. En otras palabras, se conserva la posibilidad de defensa, pero se desvincula la eficacia del cambio de su comunicación al afectado.
¿Qué pasa si sales de RESICO? Bueno, no es solamente una cuestión de estilo o un tache en tu historial, puede implicar declaraciones complementarias, cálculos de ISR diferentes e incluso accesorios sobre las diferencias determinadas. No hace falta imaginar una sanción adicional para advertir el tamaño del problema. Precisamente el atractivo de RESICO es la tasa que proporciona del ISR.
Ya que vimos que puede volverse un problema mayor, debe decirse que, si una modificación altera significativamente la forma de tributar, la oportunidad con que la autoridad informa y permite controvertir sus razones también es relevante.
Sí, es razonable exigir puntualidad a los contribuyentes, sobre todo a los que nos “beneficiamos” con tasas más bajas. Pero tampoco creo que sea un exceso exigir a Hacienda que identifique y comunique oportunamente las situaciones que transforman sus obligaciones, en vez de limitarse a informarles, meses después, lo que supuestamente ya debían saber.
Bienvenido al RESICO, donde Hacienda confía en que usted sepa lo que todavía no le ha dicho.




