Nada personal
La salud es uno de los derechos más importantes para cualquier persona. Sin embargo, enfermarse en nuestro país y, particularmente, en estados como Puebla, puede convertirse en una preocupación adicional para miles de familias que dependen de los servicios públicos de salud. Acudir a un hospital no debería significar enfrentarse a largas esperas, falta de medicamentos, instalaciones deterioradas o condiciones poco dignas para recibir atención.
En Puebla, la infraestructura de salud representa un desafío importante frente a las necesidades de una población numerosa y distribuida en 217 municipios. De acuerdo con el Diagnóstico Sociodemográfico de Puebla 2024, elaborado por Centros de Integración Juvenil, existen alrededor de 1,520 unidades de salud del sector público. Por su parte, el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano registra 159 hospitales públicos generales y de especialidad, con información basada en el DENUE de 2021. Estas cifras permiten dimensionar la infraestructura existente, pero también nos obligan a preguntarnos si su distribución, capacidad y condiciones son suficientes para atender a la población.
El problema no se limita al número de hospitales y clínicas. También importa en qué condiciones funcionan. Encontramos unidades con problemas de accesibilidad, equipamiento insuficiente, instalaciones que requieren mantenimiento o rehabilitación y otras que, pese a ser de reciente construcción, enfrentan carencias de medicamentos e insumos. A ello se suman los tiempos de espera, la saturación de los servicios y procedimientos que, en ocasiones, parecen anteponer los trámites a las necesidades de los pacientes.
El artículo 4.º de nuestra Constitución reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Además, el artículo 51 de la Ley General de Salud establece que los usuarios tienen derecho a recibir atención oportuna, de calidad, profesional y con trato respetuoso y digno. No se trata de una concesión ni de un favor de las instituciones: es un derecho que debe garantizarse.
Pero la atención médica no termina en el consultorio ni en la cama de hospital. También debemos hablar de quienes acompañan a los pacientes: madres, padres, hijos, parejas y otros familiares que se convierten en cuidadores. Muchas veces pasan horas, incluso noches enteras, esperando noticias o la posibilidad de acompañar a sus seres queridos. No es aceptable que tengan que permanecer a la intemperie, en pleno frío, sin un espacio digno para descansar, alimentarse o resguardarse.
Los familiares también necesitan consideración. Su presencia forma parte del proceso de atención y, aunque existen medidas sanitarias y protocolos que deben respetarse, estos no deberían impedir que las instituciones procuren condiciones humanas para quienes acompañan a una persona enferma.
Tampoco podemos normalizar la falta de medicamentos, el deterioro de las instalaciones o el trato indiferente. Es necesario revisar los protocolos de atención, fortalecer la capacitación del personal y garantizar condiciones laborales y materiales que permitan brindar un servicio digno. Reconocer las dificultades que enfrenta el personal médico no significa dejar de exigir responsabilidades a las instituciones que deben proporcionar los recursos necesarios.
Necesitamos hospitales accesibles, funcionales, bien equipados, con medicamentos disponibles y personal suficiente. Pero, sobre todo, necesitamos instituciones que comprendan que detrás de cada expediente hay una persona y una familia que atraviesa un momento de incertidumbre.
La salud no puede depender de la suerte, de los recursos económicos o de la capacidad de las familias para resolver las carencias de un hospital. Es momento de que los gobiernos dejen de minimizar el problema y atiendan las deficiencias de nuestro sistema de salud. Resulta una burla escuchar que se presume tener un sistema mejor que el de Dinamarca cuando miles de personas siguen enfrentando hospitales saturados, falta de medicamentos, instalaciones deterioradas y atención insuficiente. Menos discursos y más acciones. La salud es un derecho, no un privilegio, y garantizarla es una obligación del Estado que ya no puede seguir postergándose.




