Condiciona Sheinbaum apoyo en Penal de San Miguel a solicitud de Armenta

PUEBLA, Pue., 12 de noviembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el Gobierno federal está dispuesto a brindar apoyo en el Penal de San Miguel, pero precisó que cualquier intervención dependerá de una solicitud expresa de la administración estatal, encabezada por Alejandro Armenta.

​Durante la conferencia mañanera de este jueves, la mandataria explicó que el centro penitenciario se encuentra bajo responsabilidad del Gobierno de Puebla, por lo que corresponde a las autoridades estatales solicitar el respaldo de las fuerzas federales ante las denuncias de extorsiones y presuntas irregularidades al interior del reclusorio.

​“Es un Penal que está bajo la administración del gobierno del estado de Puebla y está en contacto el Gabinete de Seguridad para poder, si requiere apoyo el estado de Puebla, poder apoyar en lo que se requiera. Tiene que ser a solicitud del gobierno del estado de Puebla”, expresó.

​El pronunciamiento ocurre después de que familiares de personas privadas de la libertad realizaron bloqueos en ocho puntos de Puebla y la zona metropolitana, el pasado 10 de noviembre, para denunciar presuntos cobros ilegales, amenazas y agresiones contra internos.

​A estas acusaciones se sumó la activista Saskia Niño de Rivera, fundadora de la organización Reinserta, quien denunció públicamente que grupos de internos que presuntamente mantienen el control del Penal exigen a las familias pagos de 30 mil, 40 mil, 50 mil y hasta 100 mil pesos para evitar que sus familiares sean golpeados.

​A través de una publicación en su cuenta de X, el 11 de noviembre, sostuvo que quienes se niegan a entregar el dinero enfrentan represalias físicas dentro del Centro de Reinserción Social.

​Además, durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Niño de Rivera señaló la existencia de un grupo identificado como Los Talacheros, al que atribuyó los cobros de piso y las agresiones contra personas privadas de la libertad.

​Uno de los señalamientos más delicados fue sobre el llamado Dormitorio W, un espacio subterráneo integrado por 16 celdas que, según la activista, actualmente funciona como zona de castigo para los internos que no pagan las cuotas exigidas por otros reclusos.

​Niño de Rivera describió que estas celdas cuentan con divisiones de cristal y cuestionó las condiciones en las que permanecen las personas enviadas a ese lugar.

​También señaló que el Penal enfrenta problemas de autogobierno y hacinamiento, además de mencionar ocho recomendaciones emitidas durante 2026 por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla relacionadas con el centro penitenciario.

​Las denuncias se producen en medio de la revisión anunciada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien informó que autoridades estatales y federales realizarán una revisión a fondo del funcionamiento del Penal, con participación de la Secretaría de Marina, Defensa Nacional y Guardia Nacional.

​El mandatario también señaló que se analizará el traslado de dos internos señalados por presuntamente participar en las extorsiones.