Armenta acusa pago a participantes de bloqueos por conflicto en San Miguel

PUEBLA, Pue., 11 de noviembre de 2026.- El gobernador Alejandro Armenta Mier acusó que detrás de los bloqueos registrados en siete puntos de Puebla y la zona metropolitana habría grupos organizados que presuntamente pagaron a personas para participar en las movilizaciones relacionadas con las condiciones del penal de San Miguel.

​El mandatario aseguró que las autoridades ya tienen identificados a quienes estarían detrás de las protestas del pasado martes 10 de noviembre, cuando durante más de tres horas se interrumpió la circulación en distintas vialidades, afectando a automovilistas y usuarios del transporte público.

​Cuestionó que los inconformes rechazaran establecer una mesa de diálogo con el Gobierno estatal y señaló que las movilizaciones se realizaron de manera coordinada. Incluso, refirió que uno de los grupos habría llegado con personas armadas y encapuchadas.

​Sobre el presunto pago a los participantes, expresó: “Es muy raro que una vez que las dos horas que me dicen se contrataron para que estuvieran manifestándose, se hayan ido todos”.

​Las protestas fueron protagonizadas por personas que se identificaron como familiares de internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, quienes denunciaron presuntas extorsiones, cobros irregulares de hasta 300 mil pesos, amenazas y falta de medicamentos. También exigieron la destitución del director del reclusorio, Jorge Ortiz.

​Trasladarán a dos internos y revisarán el penal de San Miguel

​Ante las denuncias, el gobernador anunció que se analizará el traslado de dos personas privadas de la libertad identificadas como “Mara” y “El Primo”, señaladas por los manifestantes y cuya reubicación formó parte de sus principales demandas.

​Asimismo, informó que se realizará una revisión integral del funcionamiento del penal de San Miguel y otros centros penitenciarios, con la participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades federales. El objetivo será verificar las condiciones de operación y atender las irregularidades denunciadas por los familiares.

​El mandatario sostuvo que las inconformidades relacionadas con el centro penitenciario serán investigadas, pero también se indagará quién organizó las movilizaciones y el supuesto financiamiento de quienes participaron en los cierres viales.