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“Mendicidad forzada: la explotación detrás de una moneda”

¿Cuántas veces hemos encontrado a una niña, un niño, una mujer con un bebé en brazos, una persona adulta mayor o alguien con discapacidad solicitando dinero en las calles, cruceros, mercados o transporte público? Generalmente, nuestra primera reacción es de solidaridad: damos una moneda, compramos algún producto o simplemente continuamos nuestro camino. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos qué historia existe detrás de esa persona y, sobre todo, quién se beneficia realmente del dinero que recibe.

A esto se le llama mendicidad forzada, que es una de las modalidades de explotación humana que con frecuencia pasa inadvertida en nuestra sociedad. Consiste en obligar, mediante amenazas, violencia, engaños o cualquier otra forma de coacción, a una persona a solicitar limosna o caridad para que alguien más obtenga un beneficio económico. No debemos confundirla con la pobreza ni con el ejercicio voluntario de solicitar ayuda. Una persona que pide dinero por necesidad no necesariamente es víctima de un delito. La diferencia fundamental está en la explotación, el sometimiento y la ausencia de libertad para decidir.

En México, esta conducta está reconocida como una modalidad de trata de personas. El artículo 24 de la Ley General en la materia que establece sanciones para quien utilice a otra persona para realizar actos de mendicidad y define la explotación como la obtención de un beneficio al obligarla a pedir limosna contra su voluntad, mediante amenazas, fuerza, coacción o engaño. 

¿Cómo se lleva a cabo? Las formas son diversas. En algunos casos, las víctimas son trasladadas a determinadas ciudades o zonas comerciales y obligadas a permanecer durante horas en cruceros, calles transitadas o espacios públicos. En otros, se utilizan niñas y niños, personas mayores o personas con discapacidad para provocar compasión y obtener mayores ingresos. También existen situaciones en las que las víctimas son controladas por familiares, conocidos o grupos que les imponen cuotas de dinero, horarios y lugares específicos. Si no cumplen con lo exigido, pueden enfrentar amenazas, agresiones, castigos o privación de su libertad.

¿Por qué sucede y cuáles son sus principales causas? La primera causa es la pobreza y la desigualdad. La falta de oportunidades laborales, educativas y económicas coloca a determinadas personas en condiciones de vulnerabilidad que pueden ser aprovechadas por quienes buscan explotarlas. La segunda es la desintegración familiar, el abandono y la violencia doméstica, situaciones que pueden facilitar la captación de niñas, niños y adolescentes. La tercera es la discriminación y exclusión social, particularmente hacia comunidades indígenas, personas con discapacidad y adultos mayores, quienes pueden enfrentar mayores obstáculos para acceder a mecanismos de protección. La cuarta es la existencia de redes de explotación que encuentran en la necesidad humana una oportunidad de obtener ganancias económicas, aprovechándose de la indiferencia social y de las dificultades para identificar y perseguir estos delitos.

Existe, además, un problema institucional: la falta de detección oportuna, la insuficiente coordinación entre autoridades y la tendencia a considerar estas situaciones exclusivamente como problemas de orden público, cuando pueden constituir graves violaciones a los derechos humanos. La mendicidad forzada no debe normalizarse ni confundirse con una expresión más de la pobreza. Detrás de ella puede existir una persona privada de su libertad, dignidad y derechos.

En conclusión, la mendicidad forzada nos obliga a mirar más allá de una moneda y preguntarnos si estamos frente a una persona que necesita ayuda o ante alguien que está siendo explotado. México cuenta con instrumentos jurídicos para combatir esta conducta, pero su erradicación requiere investigaciones eficaces, protección integral a las víctimas, atención psicológica, oportunidades educativas y laborales, así como acciones coordinadas entre autoridades y sociedad. Nuestra solidaridad no debe desaparecer; debe convertirse en una solidaridad informada y responsable; no se trata de dejar de ayudar a quienes necesitan apoyo, sino de evitar que nuestra buena voluntad termine beneficiando a quienes lucran con el sufrimiento ajeno. Porque ninguna necesidad económica justifica que un ser humano sea obligado a vivir de la caridad para enriquecer a otro.

“La dignidad humana no se mendiga”

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