Cohesión Social
Estados Unidos le aprieta la nuca a Claudia Sheinbaum, por la solicitud de extradición del exgobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y que provocó un repunte de cuatro puntos en el índice de aprobación en favor de Donald Trump, luego de llevar una tendencia a la baja entre los norteamericanos por el conflicto con Irán.
La arremetida contra el país es apenas el inicio y se acentuará conforme trascurran los meses, sobre todo, en la víspera del proceso electoral de noviembre en la Unión Americana.
A partir de abril Washington intensificó las investigaciones y acusaciones contra funcionarios de alto nivel en México, poniendo bajo lupa a Rocha Moya, y nueve funcionarios de su gabinete, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, al senador Enrique Inzunza y a Dámaso Castro Zaavedra, quien solicitó licencia como vice fiscal. Todos señalados por nexos en el tráfico de drogas y posesión de armas.
Para finales de año, Trump va a “agarrar a México como piñata”.
Las señales son claras, al advertir que, si nuestro país no ataca a los narcos, actuará.
Las palabras del residente de la Casa Blanca caen como plomo, tras exponer que “algunos representantes de México no están de acuerdo en combatir el narcotráfico, por lo que, si ellos no hacen la labor, Estados Unidos sí la hará”.
El Departamento de Estado, tiene en la mira a 44 políticos, gobernadores y altos funcionarios del gobierno federal, entre quienes se encuentran los exgobernadores Tomás Yarrington (Tamaulipas) y Roberto Sandoval (Nayarit), así como los actuales mandatarios estatales de Sonora, Michoacán, Tamaulipas y Nayarit; además de las gobernadoras de Guerrero, Baja California, y el líder de Morena en la Cámara Baja, Ricardo Monreal.
El régimen de Claudia Sheinbaum ha incurrido en contradicciones jurídicas al defender y pedir pruebas a la Corte del Sur de Nueva York, cuando ya se presentó el sustento legal de 34 páginas contra Rocha Moya. La Corte neoyorkina es una de las más reconocidas de Estados Unidos, llevó los casos del Chapo Guzmán, Mayo Zambada y ahora de Nicolás Maduro.
El gobierno de México no actuó de la misma forma con la extradición de 64 narcotraficantes de “medio pelo”, solo bastó la solicitud norteamericana para ponerlos a su disposición, hoy la posición defensora del oficialismo es proteger a uno de los suyos y el proyecto de la 4T, y se desgarran las vestiduras por una supuesta injerencia extranjera.
Falta que Claudia Sheinbaum califique de intromisión a la Nasa por su información de inteligencia sobre el hundimiento de la Ciudad de México y los reportes a las fuerzas especiales de México para ubicar centros de producción de metanfetaminas, tal y como ocurrió en el estado de Chihuahua, mediante su satélite hindú y norteamericano.
Con un gran despliegue de comunicación política, mediática y de retórica se generó, por la presencia de dos agentes de la CIA que colaboraron con elementos de las fuerzas especiales chihuahuenses para destruir el narcolaboratorio más grande del país, cuando la distribución en ambos lados de la frontera de México y Estados Unidos provoca miles de muertes.
Nos envolvemos en el lábaro patrio de la soberanía, de la injerencia extranjera, cuando el fondo es un problema de salud pública que se mantiene oculto sin proteger la vida de mexicanos.
Para nadie es un secreto que en el país operan agentes de la DEA, CIA y FBI, dijo a Círculo Político, un especialista jurídico, qué omitió su nombre, al calificar de ignorante y nobel a Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica de la Presidencia, que desacreditó el sustento jurídico de la Corte del Sur de Nueva York, provocando “mucho escozor” en Estados Unidos.




