Al margen del Estado

Ahora sí: Fiscalización con modales

La semana pasada comentábamos en este espacio que más de 300 multinacionales —agrupadas en el National Foreign Trade Council— habían denunciado prácticas del Servicio de Administración Tributaria que calificaban como agresivas. Auditorías extensivas, criterios cambiantes, solicitudes de información sensible y dificultades reales para acceder a mecanismos efectivos de defensa. Nada particularmente nuevo para quienes seguimos el tema fiscal en México… salvo que ahora la discusión ya no se estaba dando solo aquí, sino en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Pues bien, pareciera que alguien tomó nota. Hace apenas unos días —el 4 de mayo para ser precisos—, la Secretaría de Hacienda publicó el Acuerdo 68/2026, mediante el cual se establecen acciones orientadas a “fomentar la inversión y fortalecer la certeza jurídica”. O, dicho de otra manera, Hacienda decidió anunciar que el SAT procurará fiscalizar con más cuidado.

El acuerdo contiene puntos, digamos, interesantes. Se habla de una sola revisión integral por ejercicio fiscal y contribuyente, evitar auditorías simultáneas, aplicar criterios uniformes, respetar plazos y procedimientos, e incluso utilizar la restricción temporal de sellos digitales solo como última instancia [lo cual no es menor, considerando que restringir primero y preguntar después parecía haberse vuelto costumbre].

Dicho así, parecería un gran avance institucional. El problema es que varias de esas cuestiones nunca debieron sentirse extraordinarias. Porque la certeza jurídica no debería anunciarse como incentivo. Tampoco la uniformidad de criterios o el respeto a procedimientos. Un sistema fiscal sano no tendría que publicar lineamientos para asegurar que procurará actuar de manera predecible. Esa tendría que ser la condición mínima de funcionamiento. Y no solo en materia fiscal, sino en todo el Estado, que pareciera haberse acostumbrado a convertir la previsibilidad en algo extraordinario.

Durante meses, el mensaje se centraba en una fiscalización más intensa, mayor presión recaudatoria, vigilancia digital permanente, tasas efectivas como referencia implícita de cumplimiento y un endurecimiento constante frente a operaciones consideradas de riesgo. Todo ello acompañado por una narrativa oficial de combate a la evasión y aumento histórico en la recaudación sin necesidad de crear nuevos impuestos.

Obviemos, por un momento, que eso ya era un problema en sí mismo. Esto fue más allá. La intensidad ya se estaba percibiendo como algo impredecible. Precisamente por eso el acuerdo llega en este momento. La conversación empezó a generar costos institucionales y reputacionales que pegaron en la percepción internacional sobre el ambiente de inversión y la capacidad de México para ofrecer reglas estables.

Irónicamente, después de meses fortaleciendo herramientas de fiscalización, vigilancia y presión recaudatoria, ahora el gobierno tiene que salir a prometer que esas mismas herramientas serán utilizadas con “certeza”, “uniformidad” y “respeto a procedimientos”. Si hubo necesidad de aclararlo, es porque el problema ya existía.

Y eso es justamente lo relevante del acuerdo 68/2026. No modifica de fondo las facultades del SAT, no limita realmente su capacidad de fiscalización y tampoco altera el marco jurídico existente. Lo que intenta hacer es reconstruir confianza.

Habíamos dicho antes que la fiscalización puede ser intensa sin perder legitimidad. Pero cuando el Estado necesita prometer públicamente que respetará sus propios límites, el problema ya es institucional.

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