A la vista pública

Fuero y crisis de justicia: cuando el poder se investiga desde el exterior: 

Hay momentos en que el sistema político-institucional mexicano no colapsa... pero se exhibe. México atraviesa hoy uno de ellos. 

El nombre de Rubén Rocha Moya no llegó solo; apareció escoltado por una acusación en una corte de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y uso de armamento. No es un asunto menor ni puramente doméstico; es una crisis que no se puede contener con los mecanismos de control político tradicionales.

Para entender la dimensión de este momento, es necesario mirar el terreno que han delineado otros procesos donde la justicia parece condicionada. Ahí aparece Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, señalado por delincuencia organizada y lavado de dinero. Su desafuero en 2021 evidenció que, incluso cuando el proceso se activa, la inmunidad procesal puede convertirse en un laberinto de controversias que no garantiza certeza jurídica inmediata.

En Puebla, el expediente de Saúl Huerta Corona rompió otra barrera: la de la indignación social. Acusado de abuso sexual y violación contra menores, fue desaforado y sentenciado solo después de que la presión pública rebasara los muros de lo político. Distinto fue el destino de Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, quien tras ser desaforado logró huir a Chile antes de su captura, demostrando que, a veces, la justicia llega demasiado tarde.

Recientemente, el caso de Uriel Carmona Gándara, fiscal de Morelos, acusado de ejercicio ilícito de funciones, mientras tanto, en zonas más ambiguas, aparecen figuras como Cruz Pérez Cuéllar, actual presidente municipal de Ciudad Juárez, vinculado en su momento a la "Nómina Secreta", cuyo expediente quedó sin un desenlace claro en el terreno del desafuero.

Distintos nombres, distintos delitos, pero un mismo obstáculo. En México no bastan los indicios; antes de cualquier imputación existe la declaración de procedencia. Este mecanismo, diseñado para proteger la función pública, opera en la práctica como un filtro donde la justicia se vuelve negociable. El Congreso no determina culpabilidad, pero decide quién puede ser juzgado, convirtiendo la aplicación de la ley en un acto político.

El caso de Rubén Rocha Moya es el síntoma terminal de un sistema que ha perdido la capacidad de procesar sus propias crisis. Cuando la justicia debe cruzar fronteras para señalar lo que aquí se intenta esclarecer entre silencios y burocracia, el problema deja de ser un nombre en una boleta para convertirse en una falla estructural del Estado.

El escenario que se perfila no es el del olvido, sino el de una justicia que reacciona más a la presión externa que a su propia obligación. Si Sinaloa se convierte en el epicentro de un nuevo desafuero, no será por la fortaleza de nuestras instituciones, sino por la evidencia de sus límites. Mientras la verdad tenga que confirmarse fuera y no sostenerse dentro, el poder en México seguirá caminando un paso por delante de la ley.

Al final, lo que queda a la vista pública no es solo el señalamiento contra un gobernador, sino la evidencia de un sistema que no logra garantizar que la justicia opere sin filtros ni fronteras. Y mientras esa certeza no exista, la ley seguirá siendo una promesa pendiente.

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