Al Margen del Estado

Deducir en México

En teoría, el sistema fiscal mexicano reconoce que los contribuyentes no generan ingresos en el vacío. Para obtenerlos, incurren en gastos: médicos, educativos, financieros o estrictamente vinculados a su actividad económica. De ahí que la ley permita restar ciertos conceptos antes de calcular el impuesto a pagar. A eso llamamos deducciones.

En la práctica, sin embargo, la experiencia de deducir suele ser distinta.

Las deducciones personales —gastos médicos, colegiaturas, intereses hipotecarios, entre otros— están sujetas a una serie de condiciones formales que van desde la forma de pago hasta la correcta emisión del comprobante fiscal. A ello se suman límites cuantitativos que, en muchos casos, reducen significativamente el beneficio. El resultado es conocido por quienes intentan aplicarlas. No basta con haber realizado el gasto, es necesario cumplir con un estándar administrativo que no siempre resulta sencillo.

Algo similar ocurre en el ámbito empresarial. La deducción de gastos indispensables para la actividad se encuentra cada vez más condicionada a la acreditación de su materialidad, a la trazabilidad de las operaciones y a la consistencia de la información reportada. No se trata únicamente de demostrar que el gasto existe, sino de acreditar que cumple con una serie de requisitos formales y sustantivos que, en la práctica, elevan el umbral para su reconocimiento fiscal.

Este conjunto de condiciones no es arbitrario. Responde, en buena medida, a la necesidad de evitar abusos y esquemas indebidos que durante años erosionaron la base gravable. Sin controles, el sistema de deducciones puede convertirse en una vía para reducir artificialmente la carga tributaria. La regulación, en ese sentido, busca preservar la integridad del sistema.

Pero como suele ocurrir en materia fiscal, el equilibrio es delicado.

Cuando los requisitos se multiplican y los márgenes se acotan, la deducción deja de operar como un mecanismo accesible para el contribuyente promedio. No porque desaparezca en la ley, sino porque su aplicación efectiva se vuelve cada vez más compleja. El beneficio subsiste en el plano normativo, aunque su aprovechamiento depende, en gran medida, de la capacidad de cumplir con exigencias que no siempre son evidentes.

Esto tiene implicaciones que van más allá del cálculo del impuesto. Las deducciones no solo reducen la base gravable; también reflejan una cierta idea de justicia tributaria, y es que el impuesto debe recaer sobre la capacidad económica real, no sobre una cifra aislada de los costos necesarios para generarla.

Por eso, la discusión sobre deducciones no se agota en su listado o en sus límites. También pasa por preguntarse qué tan accesible resulta, en los hechos, el derecho a aplicarlas. Porque entre lo que la ley permite y lo que efectivamente se puede hacer, a veces hay una distancia que no siempre es evidente, pero sí cada vez más relevante.

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