A la vista Pública

Si la tierra llegara a sacudirse: ¿México estará preparado para responder?

Las imágenes que llegan desde Colombia deberían preocuparnos. No solamente por la tragedia humana que vive ese país, sino porque, mientras Venezuela también enfrenta las consecuencias de la emergencia y el dolor de sus comunidades, toda la región vuelve a recordarnos una verdad que México conoce demasiado bien: la tierra puede sacudirse en cualquier momento y ningún gobierno puede impedirlo.

El terremoto que golpeó Colombia el pasado 10 de agosto dejó pérdidas humanas, destrucción y comunidades enteras enfrentando la incertidumbre. Y frente a esas imágenes, más allá de la solidaridad que siempre merece quien atraviesa una tragedia, hay una pregunta que México no puede seguir aplazando: ¿qué tan preparados estamos para enfrentar un desastre de esa magnitud?

México vive sobre una de las regiones sísmicamente más activas del planeta. Lo sabemos por nuestra geografía y por nuestra propia historia: 1985, 2017 y tantos otros movimientos han demostrado que el próximo gran sismo no es una posibilidad remota, sino una amenaza permanente.

Tenemos alerta sísmica, instituciones especializadas, cuerpos de rescate extraordinarios y una sociedad que ha demostrado una enorme capacidad para organizarse frente a la desgracia. Este año, más de 37 millones de personas participaron en el Primer Simulacro Nacional.

La solidaridad de la sociedad no puede convertirse en el sustituto de la prevención del Estado.

Un simulacro no salva por sí mismo un edificio mal construido. Una alerta no corrige una estructura vulnerable. Una mochila de emergencia no sustituye un dictamen estructural. Y un protocolo no sirve de mucho si, cuando llega la emergencia, las rutas están bloqueadas, los servicios colapsan o las autoridades desconocen cuáles son las zonas de mayor riesgo.

La prevención comienza mucho antes de que suene una alarma. Comienza con el ordenamiento territorial, con Atlas de Riesgos actualizados, estudios técnicos, vigilancia de las edificaciones y reglamentos que realmente se cumplan. Comienza cuando una autoridad tiene la capacidad de decir que no a un proyecto ubicado en una zona de riesgo.

Y comienza, también, con presupuesto. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 contempla recursos millonarios para atender emergencias, pero la discusión no puede limitarse a cuánto gastaremos después del desastre. Debemos preguntarnos cuánto estamos dispuestos a invertir antes de que ocurra.

Porque resulta mucho más caro reconstruir que prevenir. Es más costoso levantar nuevamente una escuela que reforzarla a tiempo. Es más doloroso rescatar personas entre los escombros que haber revisado previamente las condiciones de un inmueble.

Colombia debería ser una llamada de atención. No para generar pánico, sino para despertar responsabilidad. Nadie puede predecir cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto; precisamente por eso debemos prepararnos.

La alarma no debe estar únicamente en el sonido de una sirena. La alarma debe estar en nuestra conciencia.

En cada municipio debe saberse dónde están las escuelas, hospitales, mercados, edificios públicos y viviendas más vulnerables. En cada familia debe existir un plan. En cada centro de trabajo debe saberse qué hacer. Y en cada gobierno debe existir la obligación de explicar qué riesgos conoce y qué está haciendo para reducirlos.

Porque cuando la tierra se mueve, ya no hay discurso que valga.

A la vista pública, la exigencia debe ser clara: menos reacción improvisada y más prevención; menos fotografías después del desastre y más decisiones antes de que llegue.