Más de 8 mil cadáveres acumulados en el Semefo de Puebla en 5 años

PUEBLA, Pue., 28 de octubre de 2026.— Un total de 8 mil 312 cadáveres ingresaron al Servicio Médico Forense (Semefo) de Puebla entre 2021 y 2025, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los datos muestran un aumento en el flujo de cadáveres que recibe el sistema forense. En 2021 ingresaron mil 419; para 2025, la cifra ascendió a 2 mil 35, un incremento de 43.4 por ciento.

El problema va más allá de la capacidad de resguardo porque también involucra la identificación de personas fallecidas, la entrega de cuerpos a sus familiares y el destino de aquellos que permanecen sin ser reconocidos o reclamados.

Una investigación del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J., de la Universidad Iberoamericana Puebla, consultado por Quadratín Puebla documentó al menos mil 390 cuerpos sin identificar en fosas comunes de 16 municipios.

El estudio, basado en solicitudes de información, advirtió deficiencias y diferencias en los registros oficiales que impiden conocer con precisión el número total de restos humanos en esos espacios.

Entre los municipios que proporcionaron información se encuentran Puebla capital, Tehuacán, Tepeaca, Atlixco, San Pedro Cholula, Izúcar de Matamoros y Tecamachalco.

Sin embargo, la falta de datos homologados impide reconstruir el recorrido de todos los cuerpos y determinar cuántos podrían corresponder a personas reportadas como desaparecidas.

Cuerpos sin nombre y registros incompletos

La FGE reportó que entre 2020 y junio de 2023 ingresaron 660 cadáveres, restos humanos, cráneos y productos en gestación a la fosa común bajo resguardo de la institución.

De acuerdo con información, el registro pasó de 147 casos en 2020 a 173 en 2021 y 242 en 2022. Hasta junio de 2023 se habían contabilizado 98.

Estas cifras corresponden a un registro distinto al de los ingresos anuales al Semefo, por lo que no deben sumarse ni interpretarse como un inventario actualizado de cuerpos sin identificar.

La investigación universitaria también documentó discrepancias entre la información proporcionada por la Fiscalía y la de los municipios.

En algunos casos, las cifras variaron de un reporte a otro sin que la documentación disponible permitiera establecer con claridad las razones.

El problema es relevante para las familias que buscan a una persona desaparecida. Un cuerpo puede ingresar como desconocido y ser identificado meses o años después, pero esa posibilidad depende de que las autoridades conserven muestras, registros y datos que permitan compararlo con los reportes de búsqueda.

La identificación tampoco significa que el cuerpo haya sido entregado. Después de establecer una identidad, las autoridades deben realizar las diligencias correspondientes, notificar a los familiares y autorizar la restitución cuando proceda.

¿Fosa común o incineración?

La legislación establece límites sobre el destino de los cadáveres no identificados. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas prohíbe incinerar cuerpos o restos humanos cuya identidad se desconoce o que no han sido reclamados.

La norma también obliga a recabar las muestras necesarias para los registros de personas fallecidas no identificadas y establece condiciones para la inhumación.

Los restos deben conservar una identificación individualizada y una ubicación precisa que permita recuperarlos si posteriormente se establece quiénes son.

En Puebla, la legislación estatal contempla disposiciones en el mismo sentido. Por ello, la cremación no puede utilizarse como una alternativa para disponer de cuerpos desconocidos o no reclamados.

La diferencia es fundamental: una inhumación debidamente documentada permite que los restos puedan ser localizados y, en su caso, exhumados para realizar nuevas pruebas. La incineración, en cambio, puede destruir material biológico necesario para futuras identificaciones.

En 2023, un documento del Ayuntamiento de Puebla advirtió posibles contradicciones entre disposiciones municipales y las normas que prohíben incinerar cadáveres desconocidos o no reclamados, por lo que planteó la necesidad de armonizar la reglamentación local.

La deuda con las familias

El estudio de la Ibero Puebla también señaló que la información disponible sobre los cuerpos enviados a espacios de resguardo forense no siempre coincide entre los registros oficiales.

Según la investigación, hasta el 30 de marzo de 2024 la FGE reportó el ingreso de 737 cuerpos al Centro de Identificación Humana para Resguardo Temporal. De ellos, 17 habían sido reconocidos o exhumados, de acuerdo con los datos analizados por el instituto.

Las cifras no permiten concluir, por sí solas, que existieran irregularidades en todos los casos. Sí evidencian la necesidad de contar con información verificable sobre la ubicación de cada cuerpo, las pruebas practicadas y el resultado de los procedimientos de identificación.