Existen más academias militarizadas en Puebla sin regulación por la SEP

PUEBLA, Pue., 30 de julio de 2026.- La muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ocurrida durante un campamento organizado por una academia militarizada en Tamaulipas, encendió las alertas sobre la operación de este tipo de instituciones en México.

El caso, investigado por las autoridades tamaulipecas como un presunto homicidio derivado de actos de violencia y novatadas, también abrió una interrogante en Puebla: ¿cuántas academias militarizadas existen, quién las supervisa y qué controles tienen sobre sus métodos disciplinarios?

Una revisión de registros públicos, directorios educativos y organizaciones vinculadas con la formación militarizada permitió a Quadratín Puebla identificar que en la entidad funcionan al menos cinco instituciones o agrupaciones que ofrecen educación o adiestramiento bajo un esquema castrense.

Entre ellas destacan la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, el Colegio Militarizado General Ignacio Zaragoza, el Agrupamiento Deportivo Militarizado Cóndor y el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, además de otros planteles privados que ofrecen bachillerato con disciplina militarizada.

Sin embargo, no existe un padrón oficial exclusivo de academias militarizadas ni una legislación específica que regule las actividades propias de este modelo educativo, como los entrenamientos físicos, los campamentos, los correctivos disciplinarios o las llamadas novatadas.

Supervisión fragmentada

Aunque muchas de estas escuelas cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), la autorización únicamente acredita los programas académicos que imparten y no implica una supervisión permanente sobre las actividades extracurriculares o los métodos de formación militarizada.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), tanto federal como estatal, verifica el cumplimiento de los planes de estudio; Protección Civil revisa las condiciones de seguridad de los inmuebles; las autoridades sanitarias inspeccionan aspectos relacionados con la salud, y las fiscalías intervienen únicamente cuando existe la probable comisión de un delito.

No obstante, ninguna autoridad mantiene un esquema específico para supervisar las prácticas de adiestramiento, la intensidad de los ejercicios físicos o los mecanismos disciplinarios aplicados a menores de edad.

Incluso, tras el caso de Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que estas instituciones no dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional, pese a utilizar uniformes, rangos y protocolos inspirados en el ámbito castrense, por lo que la vigilancia corresponde a las autoridades civiles de cada entidad.

Sin registro público de denuncias

En Puebla no existen antecedentes recientes de fallecimientos relacionados con presuntas novatadas dentro de academias militarizadas.

Tampoco la Secretaría de Educación Pública estatal publica un registro específico de denuncias por violencia, maltrato o abuso en este tipo de instituciones.

No obstante, en años anteriores se documentaron quejas aisladas de padres de familia relacionadas con castigos físicos, ejercicios excesivos, humillaciones y disciplina considerada desproporcionada.

La mayoría de esos casos no derivó en procesos penales públicos ni en sanciones administrativas difundidas oficialmente.

De acuerdo con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se advierte que la ausencia de denuncias públicas no necesariamente significa que no existan prácticas de riesgo, sino que muchas inconformidades suelen resolverse de manera interna o nunca llegan a las autoridades.

Un vacío legal

A diferencia de las escuelas militares oficiales administradas por la Secretaría de la Defensa Nacional, las academias militarizadas privadas operan como instituciones educativas particulares o asociaciones civiles.

Eso provoca un vacío normativo, ya que no existe una regulación nacional que establezca límites claros sobre la intensidad de los entrenamientos, los castigos permitidos, la realización de campamentos o los protocolos de protección para menores de edad.

Tras la muerte de Dafne, legisladores federales solicitaron a la Secretaría de Educación Pública un diagnóstico nacional sobre las academias militarizadas, el número de planteles que operan en el país, los permisos con los que funcionan y los mecanismos de supervisión existentes.

Paralelamente, familiares de la adolescente impulsan la denominada Ley Dafne, una iniciativa que busca prohibir las novatadas y cualquier práctica disciplinaria que implique violencia física o psicológica contra menores de edad en escuelas públicas, privadas y academias militarizadas.