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PUEBLA, Pue., 31 de julio de 2026.- En Puebla, cada vez es más común ver automovilistas llegar a una estación de carburación con un cilindro de Gas LP en la cajuela.
Algunos buscan ahorrar unos pesos; otros sólo requieren unos cuantos kilos para terminar la semana.
Lo cierto es que la práctica se ha normalizado, pero tras recientes accidentes relacionados con fugas y explosiones de gas volvió a surgir la misma pregunta: ¿es legal llenar un tanque doméstico en una gasera o representa un riesgo?
La respuesta es más compleja de lo que parece y es que la legislación mexicana no prohíbe que un consumidor acuda a una estación autorizada para llenar un cilindro portátil.
Sin embargo, esa actividad está sujeta a estrictas disposiciones técnicas y de seguridad, por lo que no cualquier establecimiento puede ofrecer el servicio ni cualquier tanque puede ser recargado.
Durante años, la distribución de Gas LP en México se realizó principalmente mediante cilindros previamente llenados y repartidos a domicilio.
Con la apertura del mercado energético comenzaron a operar estaciones donde el usuario puede cargar directamente su recipiente, siempre que éstas cuenten con permisos federales y cumplan las normas emitidas por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
En otras palabras, llenar un tanque de gas no es ilegal, pero hacerlo fuera de instalaciones autorizadas o sin respetar los protocolos establecidos sí puede derivar en sanciones para el operador e incrementar considerablemente el riesgo de un accidente.
Especialistas en seguridad industrial, a través de diversos estudios, coinciden en que el mayor riesgo no radica en el llenado del cilindro, sino en las condiciones del recipiente y en el cumplimiento de los procedimientos de seguridad.
En Puebla todavía circulan miles de tanques con décadas de uso. Muchos presentan corrosión, golpes, válvulas desgastadas o reparaciones improvisadas que pueden favorecer fugas de Gas LP, un combustible altamente inflamable.
Por esa razón, las estaciones autorizadas deben inspeccionar visualmente cada cilindro antes de suministrar el combustible.
Si el recipiente presenta daños estructurales o fugas visibles, el operador tiene la obligación de rechazar el servicio.
A ello se suma otro factor de riesgo: el sobrellenado. Contrario a la creencia popular, un tanque nunca debe llenarse al 100 por ciento de su capacidad.
El Gas LP se expande conforme aumenta la temperatura y necesita un espacio libre dentro del recipiente para evitar un incremento excesivo de presión.
Cuando esta medida no se respeta, aumenta la posibilidad de que el cilindro libere gas por la válvula de seguridad o, en casos extremos, ocurra una falla del recipiente.
La ASEA verifica las condiciones de seguridad industrial y protección ambiental; la Comisión Reguladora de Energía otorga los permisos correspondientes; la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inspecciona el despacho correcto del combustible y la atención al consumidor, mientras que las unidades municipales y estatales de Protección Civil revisan el cumplimiento de las medidas preventivas.
Las estaciones deben contar con sistemas contra incendio, equipos certificados, personal capacitado, protocolos de emergencia y planes de evacuación, además de cumplir con las normas oficiales mexicanas aplicables al almacenamiento y suministro de Gas LP.
Los recientes incidentes relacionados con explosiones de gas en la zona metropolitana han colocado nuevamente el tema bajo la lupa.
Aunque las investigaciones suelen apuntar a una combinación de factores, entre ellos fugas, fallas mecánicas o errores humanos, los expertos insisten en que el mantenimiento de los cilindros continúa siendo uno de los principales pendientes.
Para Protección Civil, el riesgo comienza desde el hogar. Un tanque deteriorado puede convertirse en un peligro aun cuando haya sido llenado en una estación que opera conforme a la ley.
La normativa mexicana permite el llenado de cilindros portátiles, pero también establece responsabilidades para empresas y consumidores.
Acudir a una estación autorizada no constituye un delito ni una infracción para el usuario.
Lo que sí puede derivar en sanciones es operar una gasera sin permisos, incumplir las medidas de seguridad o despachar combustible fuera de las condiciones establecidas por la regulación.