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PUEBLA, Pue., 16 de julio de 2026.- Durante más de dos décadas, Rafael N. construyó una trayectoria como empresario del sector farmacéutico y proveedor de insumos médicos para gobiernos estatales. Su nombre apareció ligado a millonarios contratos públicos, empresas dedicadas al equipamiento hospitalario y, apenas hace unas semanas, fue reconocido por el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla por su trayectoria y liderazgo.
Hoy enfrenta un proceso penal tras ser detenido como el presunto responsable de una serie de ataques armados contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl. Rafael N., de 67 años y de origen español, desarrolló sus actividades empresariales en Puebla a través de compañías dedicadas a la comercialización de medicamentos, equipo médico y servicios hospitalarios.
Entre las empresas con las que ha sido relacionado se encuentran Chudamed Comercial, Grupo Iruña, Antarak y Biotecnología CADO S.A. de C.V., además de ser identificado como propietario de Grupo Emprendedor Gasolinero, firmas que durante varios años obtuvieron contratos con instituciones públicas.
Su presencia como proveedor del gobierno se remonta a las administraciones de Melquiades Morales Flores y Mario Marín Torres. En 2010, empresas vinculadas con Rafael N. obtuvieron adjudicaciones por más de 94 millones de pesos para el mantenimiento de equipo médico y electromecánico en hospitales del estado.

Los contratos fueron otorgados mediante procedimientos de invitación restringida y, posteriormente, fueron objeto de cuestionamientos por la falta de licitaciones públicas y por la experiencia de las empresas beneficiadas.
En 2013, el empresario volvió a ser señalado por presuntas irregularidades relacionadas con contratos para el suministro de equipo médico del Programa Nacional para la Reducción de la Mortalidad Infantil (Pronaremi) en Veracruz, aunque dichos señalamientos no derivaron en una sentencia condenatoria.
Ese mismo año también obtuvo, a través de Biotecnología CADO S.A. de C.V., un contrato por 26 millones 203 mil pesos correspondiente a la licitación pública internacional LPI-103T00000-003-12. En ese procedimiento se señaló que dos de las empresas participantes presuntamente estaban vinculadas con empleados o personas cercanas al propio empresario, mientras que el fallo benefició a la compañía de la que era accionista y representante legal.

Su nombre fue ligado a un presunto ataque armado contra una tienda Telcel ubicada en Plaza Vía San Ángel. Asimismo, en 2010 fue mencionado en versiones sobre una supuesta cercanía con el entonces secretario de Salud de Puebla, Alfredo Arango García, debido a los contratos obtenidos por sus empresas. En ese momento, el exfuncionario rechazó los señalamientos y aseguró que se trataba de un ataque mediático.
A pesar de esos antecedentes públicos, el 10 de junio de 2026 recibió una invitación del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla para integrarse al Consejo de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. En la carta, firmada por la directora general del campus, Viviana Ortiz Mellón, y el director de la División de Ingeniería y Ciencias, Jorge Antonio Reyes Avendaño, la institución destacó su trayectoria, liderazgo y contribución en el sector, al considerar que su experiencia fortalecería la formación de estudiantes y la vinculación con la industria.
Sin embargo, apenas unas semanas después, la historia dio un giro. La Fiscalía General del Estado lo identificó como el presunto responsable de al menos una decena de ataques con arma de fuego contra vehículos en movimiento sobre la Vía Atlixcáyotl.

Como parte de la investigación, las autoridades analizaron el vehículo que presuntamente utilizaba una camioneta blanca sin placas y su patrón de movilidad, elementos que permitieron avanzar en las indagatorias hasta concretar su captura.
La madrugada del 14 de julio, Rafael N. fue detenido durante un operativo conjunto encabezado por la Fiscalía General del Estado, con apoyo del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, en un fraccionamiento de la zona de Angelópolis. De acuerdo con la autoridad ministerial, enfrenta cargos por tentativa de homicidio, lesiones, daños en propiedad ajena y ataques peligrosos, además de ser investigado por los ataques registrados en la Vía Atlixcáyotl.
Tras su captura, el gobernador Alejandro Armenta Mier informó que empresarios se acercaron al Gobierno del Estado para aportar información sobre otros hechos en los que presuntamente estaría involucrado Rafael N. Además, instruyó a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración revisar si alguna de las empresas vinculadas con el imputado mantiene contratos vigentes con la administración estatal.
