¿Y los militares?

Durante buena parte del gobierno de López Obrador, la élite castrense mexicana fue protagonista del gobierno: las Fuerzas Armadas (FA) recibieron más atribuciones; asumieron el control de puertos, aeropuertos y aduanas; se creó la Guardia Nacional bajo mando militar; obtuvieron más recursos y negocios; participaron en la construcción de trenes y aeropuertos y, especialmente, recibieron mucho más dinero en los presupuestos federales. Y, de paso, gozaron de impunidad absoluta al determinar que cualquiera de sus obras y gastos eran de seguridad nacional y, por lo tanto, no debían transparentarse. No hubo rendición de cuentas alguna.

Hubo reportes de corrupción que involucraron a algunos militares, de la compra de un departamento de lujo por el secretario de la Defensa y otras historias, como la presencia de exmilitares en el Instituto Nacional de Migración y en las secretarías de Seguridad de innumerables estados y municipios del país, que no siempre terminaron bien. Pero la gota que derramó el vaso fue el huachicol fiscal, en el que se han visto involucrados dos sobrinos del exsecretario de Marina y una larga, larguísima lista de funcionarios de todos los niveles, incluidos los más altos. Para conocer el detalle de toda esta operación vale la pena leer el reciente libro de Raúl Olmos, El huachicol fiscal. La madre de todas las estafas (Penguin Books, 2026). Recordemos también el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien denunció el crimen; las grabaciones en las que el secretario de Marina guardó silencio tras escuchar sus denuncias y las cartas de uno de los cabecillas, actualmente preso en Argentina, dirigidas a la presidenta Sheinbaum, en las que le advierte que hay muchos altos funcionarios involucrados y que él es solo un chivo expiatorio. A todo ello se ha sumado la solicitud de arresto con fines de extradición del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otras 10 personas de esa entidad por parte del Departamento de Justicia, tras la revisión de un gran jurado en Estados Unidos, petición que la presidenta Sheinbaum se ha negado a procesar.

Del protagonismo que tuvieron los altos mandos del Ejército y la Marina durante el sexenio anterior, hemos pasado, en este gobierno, a una presencia mucho más discreta en el espacio público. Siguen ahí, pero aparecen poco y hablan menos, mucho menos. Como si hubieran desaparecido o se hubieran replegado únicamente a las zonas más conflictivas, donde existen enfrentamientos con el crimen organizado. Da la impresión de que "regresaron" a sus cuarteles, aunque siguen en las calles. Uno se pregunta por qué.

¿Será que los mandos de las Fuerzas Armadas, que interactúan institucionalmente con el Comando Norte de Estados Unidos desde hace muchos años, están viendo que el cerco que se construye alrededor de los narcopolíticos de Morena se estrecha cada vez más y no quieren que, ni por un momento, sus colegas norteamericanos los consideren parte del problema? ¿Será por eso que el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, uno de los 11 funcionarios de Sinaloa cuya deportación ha sido solicitada, y exsecretario de Seguridad de ese estado, se entregó a las autoridades norteamericanas para intentar negociar un acuerdo que le permita convertirse en testigo protegido? Ricardo Pascoe, en su columna (Excélsior, 8 de junio de 2026), sostiene de manera convincente que López Obrador ya se percató de que la lealtad que pensaba tener de las FA hacia él, en lo personal, y hacia su movimiento, está destruyéndose “ante nuestros ojos". Si Ricardo tiene razón y las FA honrarán su lealtad constitucional a la nación y no al presidente en turno (ni al anterior), entonces estaríamos frente al rompimiento del basalto que Morena parecía representar. Quizá por eso la élite militar ya no aparece como antes. Y, si esa ruptura existe, se abre un hilo de esperanza.