Crisis forense y exclusión: el costo político de no escuchar a las víctimas

El académico de la Ibero Puebla, Conrado Zepeda, advierte sobre la exclusión de colectivos independientes y la alarmante cifra de 80 mil cuerpos sin identificar en México.

PUEBLA, Pue., 22 de abril de 2026.- La crisis de desapariciones en México se mantiene como una "deuda estructural" del Estado, exacerbada por respuestas institucionales insuficientes y dinámicas de exclusión que invisibilizan a los grupos de búsqueda más vulnerables, advirtió Conrado Bonifacio Zepeda Miramontes, académico de la Universidad Iberoamericana Puebla.

En entrevista para Quadratín, el especialista analizó los recientes roces entre colectivos y organismos internacionales, tras el encuentro del pasado 21 de abril entre el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, y familias buscadoras en la Ciudad de México, donde grupos independientes denunciaron haber sido relegados.

Exclusión y control institucional

Zepeda Miramontes señaló que, aunque existe una mayor apertura federal hacia organismos internacionales, persisten barreras logísticas y burocráticas que fragmentan la lucha de las familias.

“Hubo grupos de madres, sobre todo independientes, que no fueron convocadas por no estar en un padrón o base de datos. Hubiera sido mucho mejor un espacio más amplio; entiendo el control por seguridad, pero la exclusión invisibiliza a sectores clave”, comentó.

La emergencia forense: 80 mil cuerpos sin nombre

El académico calificó como "alarmante" la situación de los servicios forenses en el país, que actualmente acumulan más de 80 mil cuerpos sin identificar. Advirtió que la inacción estatal aumenta el riesgo de que estos restos terminen en fosas comunes, perpetuando el ciclo de impunidad.

En este sentido, subrayó que el Estado mantiene una responsabilidad directa por omisión, independientemente de las discusiones técnicas sobre la tipificación del delito de desaparición forzada.

El panorama en Puebla y grupos vulnerables

A nivel local, el especialista reconoció avances en el diálogo. Destacó que en Puebla se han realizado al menos cinco reuniones de alto nivel con el gobernador, además del reciente nombramiento de Pedro Plaza como comisionado de víctimas, un perfil que calificó con cercanía a los colectivos. Sin embargo, puntualizó que estos esfuerzos siguen siendo insuficientes ante la magnitud del problema.

Asimismo, alertó sobre la doble vulnerabilidad de las madres migrantes centroamericanas, quienes enfrentan trabas burocráticas "insuperables" para renovar visas humanitarias, como la exigencia de estados de cuenta bancarios o comprobantes de ingresos.

Revictimización y salud mental

El análisis del académico de la Ibero Puebla también puso énfasis en el desgaste emocional de las familias, quienes enfrentan:

• Impacto psicológico: Cuadros de ansiedad, depresión profunda y riesgo suicida.
• Obstáculos financieros: Imposibilidad de acceder a recursos o cuentas de sus familiares desaparecidos.
• Fallas en Fiscalías: Omisión de atención inmediata en las primeras horas críticas y desestimación de pruebas aportadas por las propias familias.

Finalmente, Zepeda Miramontes hizo un llamado urgente a la voluntad institucional. Aseguró que el país no requiere necesariamente de nuevas leyes, sino de la aplicación efectiva de las existentes, dotadas de presupuesto suficiente y, sobre todo, de una escucha activa que reconozca la experiencia de las familias que han convertido su dolor en una metodología de búsqueda.