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PUEBLA, Pue., 4 de julio del 2026 - El Gobierno de Puebla anunció la creación del programa “Derecho de Réplica”, un espacio semanal mediante el cual responderá a publicaciones que considere falsas, imprecisas o descontextualizadas con información oficial.
El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, afirmó que la estrategia busca combatir la desinformación y contrastar versiones con datos verificados, al tiempo que aseguró que en el estado existe plena libertad de expresión.
Durante la presentación, el funcionario sostuvo que la administración estatal ha solicitado en distintas ocasiones a medios de comunicación ejercer su derecho de réplica por notas con información que considera errónea; sin embargo, aseguró que hasta el momento ninguno ha concedido ese espacio para presentar la versión del gobierno. Precisó que esta situación motivó a la creación de este nuevo mecanismo de comunicación.
García Parra rechazó que el programa tenga como objetivo perseguir o intimidar a los medios de comunicación. Señaló que el propósito es responder públicamente a contenidos que el gobierno considere falsos, mientras que las denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción o deficiencias de servidores públicos no serán sujetas al ejercicio de réplica, sino que deberán investigarse por las instancias correspondientes.
Aunque el gobierno plantea el programa como una herramienta para garantizar el acceso a información verificada, su implementación también abre el debate sobre los límites entre el derecho de réplica y el uso de espacios oficiales para cuestionar el trabajo periodístico.
Organizaciones y especialistas han señalado en distintos contextos que este tipo de ejercicios requieren reglas claras para evitar que puedan interpretarse como mecanismos de presión hacia los medios de comunicación.
El nuevo espacio se transmitirá de forma semanal y, de acuerdo con el Gobierno del Estado, buscará generar un diálogo directo con la ciudadanía para responder a información que considere inexacta. Su funcionamiento y el impacto que tenga en la relación entre autoridades, medios y audiencias dependerán de la transparencia con la que se ejerza y del respeto al derecho de informar y ser informado.




