Sádicos y masoquistas

23 de septiembre de 2026

5:20

Por Alejandro Guillén Reyes

Por enésima ocasión, el presidente de los Estados Unidos acusa a México de ser el foco del problema del narcotráfico, afirmando que nuestro país «es el epicentro de la violencia de los cárteles». La diferencia es que ahora lo ha dicho directamente en la Asamblea General de la ONU ante la representación de 193 países miembros.

Sin embargo, fiel a su estilo, no deja de sobarle el ego al gobierno de Claudia Sheinbaum cada vez que lo agrede, asegurando que la relación bilateral es «maravillosa». Esta actitud sádica del cada vez más desprestigiado gobierno estadounidense (hoy desaprobado por alrededor del 70 % de sus ciudadanos) se complementa con la actitud masoquista del gobierno de México.

El silencio del secretario de Relaciones Exteriores de México —estando ahí presente— ante lo dicho por Trump frente a todo el mundo es sintomático de esta relación bilateral enferma: se trata de un gobierno mexicano que en las arengas callejeras defiende la soberanía nacional, pero que le ruega a la administración Trump que no acabe con el famoso T-MEC y está dispuesto a hacer lo que sea, excepto entregar a los políticos de su partido, MORENA, vinculados con grupos criminales. Y es que esos políticos (los Rocha Moya, los Américos y las Marinas del Pilar los gobernadores sin visa, etc.) representan la esencia de la defensa de lo que entienden por soberanía nacional; bien lo saben: si cae uno, caerán muchos, por no decir todos, y con ello caerá el régimen.

Agachar la cabeza frente a las expresiones de Trump es su «estrategia». «Cabeza fría», le llaman. Aunque en honor a la verdad, nuestro gobierno no tiene argumentos ni datos contundentes con qué defenderse y demostrar lo contrario.

En cambio, el gobierno de Claudia Sheinbaum y su partido están asfixiando cada vez más el ejercicio de las libertades y los derechos políticos de las y los ciudadanos mexicanos que no están de acuerdo con las decisiones que llevan a México hacia un régimen autoritario o dictatorial.

Aún no hemos visto las repercusiones de la ley sobre el «derecho de las audiencias» que aprobaron hace unas semanas, la cual es, a todas luces, un atentado contra la libertad de expresión. Vienen las elecciones de 2027 y estamos confirmando que las instituciones electorales ya han sido capturadas; ahora empieza a verse en el terreno cómo se cargan los dados en favor del partido en el gobierno.

A eso agréguele la presión económica que poco a poco también asfixia a las familias mexicanas: el dinero hoy alcanza para menos y el presupuesto que ha enviado el gobierno para su aprobación en el Congreso —dominado por ellos mismos— aumentará una deuda que ya es la más grande en la historia contemporánea nacional. Para 2027, año de elecciones, se proyecta que la deuda alcanzará el 55% del Producto Interno Bruto y, puesto en números, rondará los 22 billones de pesos.

Por supuesto, no falta ese sector del «pueblo bueno» que exhibe en las encuestas su toque masoquista y que conforma el 55 o 60 por ciento del apoyo con que cuenta el actual gobierno: «que roben, pero que salpiquen», es su lema.

Lo que no les han dicho, o de lo que no quieren tomar conciencia, es que tarde o temprano esa deuda alguien la tiene que pagar y en el momento en que esta burbuja económica reviente, las y los ciudadanos no solo tendrán que pagar la cuenta, sino que además carecerán de las libertades e instituciones para defenderse y, sobre todo, para poder cambiar a los individuos y al partido que hoy gobierna.

De ahí la trascendencia de las elecciones que se avecinan.

¡Aguas!