A la vista Pública

Los municipios en crisis: Puebla, entre alcaldes detenidos y gobiernos interrumpidos

En Puebla, el número de alcaldes y expresidentes municipales detenidos, investigados, prófugos o separados de sus cargos ya no puede leerse como una sucesión de casos aislados. Algo más profundo está ocurriendo en los municipios: la gobernabilidad comienza a convertirse en el principal damnificado.

Entre 2025 y 2026 se han registrado diversos casos de presidentes municipales detenidos o sujetos a investigaciones por delitos que van desde abuso de autoridad y cohecho hasta secuestro, extorsión, delitos contra la salud, robo de autotransporte y otros ilícitos. Se trata de expedientes distintos y de circunstancias particulares, por lo que las responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

El episodio más reciente ocurrió con Ramiro González Vieyra, exalcalde de San Nicolás Buenos Aires. Después de obtener una resolución judicial que permitió su salida del penal de Tepexi de Rodríguez, fue nuevamente detenido al abandonar el centro penitenciario, ahora en el marco de una investigación relacionada con un presunto nombramiento irregular en el Registro Civil.

El caso adquiere mayor relevancia al considerar que Ramiro no es el único de los hermanos González Vieyra que ha enfrentado a la justicia. Uruviel González Vieyra, exalcalde de Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán); Giovanni González Vieyra, exalcalde de Tlachichuca; y el propio Ramiro, llegaron a gobernar simultáneamente tres municipios del Valle de Serdán. Actualmente, los tres enfrentan procesos judiciales, convirtiendo este episodio en uno de los más significativos de la actual crisis municipal en Puebla.

A este grupo se suman Gerardo Cortés Caballero, exalcalde de Cuautempan; Juan Pérez Moral, exalcalde de San Juan Tianguismanalco; Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco; e Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de Esperanza.

Más allá de las particularidades de cada expediente, la coincidencia resulta imposible de ignorar: varios gobiernos municipales de Puebla han quedado vinculados, en distintos momentos, con investigaciones penales que han alcanzado directamente a quienes estaban al frente de los ayuntamientos.

Y aquí aparece la pregunta incómoda: ¿qué sucede con los municipios mientras sus autoridades enfrentan a la justicia?

Porque un ayuntamiento no desaparece cuando su presidente municipal es detenido. Las calles siguen ahí. Los servicios públicos deben continuar. Los trabajadores deben cobrar. Las comunidades necesitan seguridad, atención y obra pública. Los ciudadanos no pueden quedar atrapados en medio de expedientes judiciales, disputas políticas y vacíos de autoridad.

Acatlán de Osorio ofrece otra fotografía del mismo problema, aunque por una ruta diferente. Guadalupe Lucero Bárcenas y ocho integrantes más del Cabildo presentaron sus renuncias en medio de una profunda crisis política. El Congreso terminó aprobando la desaparición del Ayuntamiento y la integración de un Concejo Municipal. No hubo una celda como detonante; hubo algo igualmente preocupante: un gobierno municipal incapaz de sostenerse políticamente.

El Congreso también desapareció los ayuntamientos de Esperanza y Tepeyahualco y designó Concejos Municipales para concluir el periodo constitucional. Tres municipios, tres gobiernos sustituidos.

Los partidos postulan candidatos. Los ciudadanos votan. Los ayuntamientos gobiernan. Los órganos de fiscalización revisan. Las fiscalías investigan. Los jueces determinan responsabilidades. Cada institución tiene una función distinta, pero también existe un espacio de prevención: filtros para seleccionar candidatos, revisión de antecedentes, controles internos, fiscalización del gasto, supervisión de las policías municipales y capacidad para detectar señales de riesgo antes de que un presidente municipal termine convertido en noticia judicial.

De cara a 2027, los partidos tendrán que mirar más allá de los perfiles con capacidad de convocatoria electoral. El respaldo popular es indispensable, pero también deberían pesar la trayectoria, los antecedentes, la experiencia y la capacidad para gobernar. La elección comienza mucho antes de las urnas: también empieza cuando un partido decide a quién poner en la boleta.

Porque cuando un gobierno municipal termina interrumpido por una crisis política o judicial, el costo no recae únicamente en quien ocupa el cargo; también alcanza al partido que lo postuló y a una clase política que enfrenta un desgaste considerable ante la sociedad. No basta con preguntarse quién puede ganar una elección; también habría que preguntarse quién está preparado para gobernar.

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