Nada Personal

20 de agosto de 2026

5:30

Por Pablo Ruiz Meza

Puebla capital: un desastre total, la seguridad pública

En una ciudad tan compleja y habitada, con tanta movilidad como Nueva York, en Estados Unidos, alcaldes como Rudy Giuliani fueron exitosos para disminuir y acabar con la inseguridad pública y los altos índices de criminalidad, ¿por qué en ciudades como Puebla no es posible?

El abogado y entonces alcalde republicano implementó una estrategia de seguridad muy dura que redujo de forma drástica los índices de delincuencia en aquella ciudad neoyorquina, tan cosmopolita como pluricultural.

Giuliani utilizó mapas computarizados para medir el delito y exigir resultados rápidos a la policía por cada zona, algo así como mandos policiales por sector en la Angelópolis, pero con la diferencia que aquí imperan las cuotas de control territorial con intereses creados por la corrupción.

En Nueva York el entonces alcalde republicano mantuvo una persecución firme de cualquier infracción en espacios públicos, y los delitos violentos en general bajaron de manera notable en la ciudad, con una caída de un 60% en los homicidios y los delitos violentos.

Pero la realidad es una en el estado: ni Puebla es Nueva York, ni José Chedraui (y el resto de alcaldes y alcaldesas) son Rudy Giuliani; además, mandos y tropa están corrompidos e infiltrados por la delincuencia.

Dicho de otra manera, los ciudadanos, todos, independientemente del nivel socioeconómico, están vulnerables ante la delincuencia, abandonados por una policía ineficiente.

En estas condiciones, los habitantes de la ciudad capital están al desamparo: los cuentahabientes que acuden a retirar dinero a cajeros y en ventanilla en bancos; los dueños de todo giro de negocios; los propietarios de automóviles por el robo de vehículos y de autopartes.

Lo mismo ocurre con los locatarios en los mercados municipales, víctimas de la extorsión por el cobro de piso de bandas delictivas intocables e impunes; los usuarios del transporte público; los peatones; los transportistas de carga… y un largo etcétera.

El mayor agravante para la seguridad pública es el envío de militares como mandos policiales, militarización de las corporaciones policiales que resultaron en perjuicio de la ciudadanía.

Los militares, principalmente de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), carecen de formación policial, solo reciben y dan órdenes para matar; pero políticas preventivas, estrategias y acciones las desconocen porque no son policía.

Empero, frente a células del crimen organizado, se achican (La Barredora, Familia Michoacana, CJNG, CDS, Los Rojos…) y dejan hacer a las células del crimen organizado, y en el peor de los casos, se hacen cómplices de la maña, para quienes se ponen a su servicio.

Los gobiernos de la 4T que todo lo han militarizado deberían evaluar los resultados, porque los representantes de las fuerzas castrenses traen un tiradero en los municipios.

Hoy son más los mandos y tropas policiales destituidos por vínculos con la delincuencia, cuando se suponía era la principal garantía de ser incorruptibles.

Mandos policiales militares como en Tepeaca, omisos (por decirlo suave) ante la operación a gran escala de las bandas de huachicoleros, sin rendirle cuentas a nadie, impunes. Es un insulto a los poblanos.

Es insostenible para los ciudadanos el clima de inseguridad pública por la ineficacia de las policías que les dan ventajas e impunidad a los delincuentes.

Pueden las ratas abordar armados un transporte urbano de pasajeros para asaltarlos, y dispararles a mujeres indefensas al resistirse al atraco. Y entonces, ¿la fuerza policial contra los delincuentes, cuándo? ¿Los ladrones sí tienen carta abierta para lastimar y dañar a los ciudadanos?

Lo ocurrido a los pasajeros del transporte público en la unidad 34 de la Ruta 27 en la ciudad capital, en la colonia Anexo La Loma, es escandaloso e inaudito, la peor expresión del fracaso de los gobiernos en materia de seguridad pública.

Es aberrante que las mismas corporaciones policiales reporten la existencia de “carteristas” en las unidades del sistema del transporte público, pero no detienen a los delincuentes ni desmantelan a las bandas que dañan el patrimonio de los ciudadanos al robarles sus pertenencias (dinero, celulares, computadoras, lentes, llaves… todo).

Y que no vengan con “ideas brillantes” de hacer de la seguridad pública en el transporte público el sistema “Big Brother”, colocando cámaras de videovigilancia en las unidades del transporte público, como si eso disminuyera o erradicara la delincuencia.

No son ocurrencias, son los grados de total ineptitud en el combate a los delitos.

Esta patraña de obligar a los concesionarios a instalar cámaras de videovigilancia es la misma, incluidos los botones de pánico, que impuso el gobierno del difunto Miguel Barbosa como condición para aumentar los precios del pasaje, medida que nunca cumplieron porque fue una simulación; por eso tenemos un transporte público de pasajeros de un país bananero.