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UACh: extorsiones en plena sucesión rectoral
Las universidades públicas están en el centro del interés nacional, ya sea por el régimen de jubilaciones que merma sus finanzas, porque un gobernador como el michoacano viola la autonomía universitaria o un rector repudiado se aferra al poder, como sucede en Chapingo. En el caso de los chapingueros de la Universidad Autónoma Chapingo, en pleno proceso de sucesión rectoral, los alumnos estudian bajo amenazas de intimidación y extorsiones.
Mientras Ángel Garduño García pretende reelegirse en la Rectoría de la UACh, padres de familia exigen garantías para proteger a sus hijos y cuestionan la actuación de las autoridades universitarias frente a un clima creciente de miedo por amenazas telefónicas, presunto uso indebido de datos personales y actos de intimidación.
Es una preocupante crisis de seguridad que afecta directamente a los estudiantes, particularmente a menores de edad, que dejaron sus comunidades de origen para continuar su formación académica bajo los servicios y la protección de la Autónoma de Chapingo.
En las últimas semanas, alumnos de la Preparatoria Agrícola han denunciado amenazas telefónicas, intentos de extorsión, presuntas represalias por participar en manifestaciones y la presencia de grupos de personas encapuchadas dentro del campus.
Los testimonios, grabaciones y pronunciamientos estudiantiles revelan un ambiente de temor que ha trascendido las instalaciones universitarias y alcanzado a madres y padres de familia.
Los acontecimientos ocurren en medio del proceso electoral para renovar la Rectoría, cuyo plebiscito está programado para el próximo 23 de noviembre.
En la contienda participa Ángel Garduño García, rector con licencia que busca un nuevo periodo de cuatro años al frente de Chapingo.
El pasado 6 de noviembre los preparatorianos realizaron un paro para exigir mejores condiciones educativas, atención médica, servicios de comedor y dormitorios dignos.
Lejos de encontrar un ambiente de diálogo, los manifestantes fueron víctimas de intimidaciones de funcionarios universitarios, entre ellos Miguel Ángel Reyes Retana, director de la Preparatoria Agrícola.
De acuerdo con la denuncia de estudiantes, las autoridades les habrían advertido que tenían identificados sus rostros y nombres, además de señalar que sus acciones podrían ser turnadas al área jurídica de la universidad.
Son denuncias graves por tratarse de funcionarios que tienen la obligación de garantizar condiciones de seguridad y respeto a los derechos de estudiantes, muchos de ellos menores de edad.
Las denuncias no se limitan a posibles represalias administrativas. Diversos estudiantes que participan en las movilizaciones han relatado haber recibido llamadas de personas desconocidas que les exigen abandonar las protestas bajo amenazas de causarles daño a ellos o a sus familiares.
Los interlocutores presuntamente conocen información específica de sus víctimas, incluidos nombres de sus padres, municipios de procedencia y otros datos personales.
Esta situación ha provocado preocupación sobre el posible acceso indebido a información proporcionada por los estudiantes durante sus trámites de ingreso y permanencia en la universidad.
La pregunta es inevitable: ¿de dónde obtienen los extorsionadores la información personal de estudiantes menores de edad?
Aunque hasta ahora no existen pruebas concluyentes de una filtración institucional, las denuncias deberían obligar a investigar a quiénes tienen acceso a las bases de datos estudiantiles, conocer qué controles tienen para protegerlas y saber si se ha producido alguna vulneración de seguridad.
De acuerdo con testimonios de familias vinculadas a la comunidad universitaria, algunos casos habrían trascendido las amenazas telefónicas.
Se conoce el relato de un estudiante que fue inducido por presuntos extorsionadores a trasladarse a una plaza comercial, mientras sus padres habrían pagado 10 mil pesos ante las amenazas recibidas.
Este caso presenta características compatibles con una modalidad de extorsión conocida como secuestro virtual, en la que los delincuentes manipulan a la víctima y generan temor en su familia para conseguir pagos sin que necesariamente exista una privación física de la libertad.
Otros testimonios refieren llamadas cuyos autores se hacen pasar por policías o integrantes de organizaciones delictivas y utilizan el nombre de autoridades universitarias para dar credibilidad a sus amenazas.
La situación de inseguridad se agrava en la universidad de Chapingo porque la noche del 10 de noviembre, otro episodio incrementó la preocupación de la comunidad.
Un grupo de personas, varias con el rostro cubierto, recorrió instalaciones de Chapingo en medio de expresiones hostiles contra simpatizantes del candidato a rector Reyes Altamirano Cárdenas.
El aspirante opositor denunció intimidaciones y daños a su propaganda electoral, y dio a conocer que presentó una queja acompañada de materiales audiovisuales ante la instancia electoral universitaria.
Las imágenes difundidas y los testimonios estudiantiles plantean interrogantes sobre las condiciones de vigilancia y control de acceso al campus.
¿Quién permitió la presencia de personas encapuchadas? ¿Qué acciones emprendió el personal de vigilancia ante esta concentración de personas hostiles? ¿Se identificó a los participantes? ¿Qué medidas de protección se establecieron después de las denuncias? La responsabilidad de esclarecer estos hechos corresponde a las instancias competentes.
Uno de los testimonios más preocupantes es una grabación difundida entre estudiantes, relacionada con una llamada amenazante reportada el 14 de noviembre.
En ella, una joven explica que uno de los administradores de un grupo estudiantil recibió amenazas de desconocidos que aseguraron que el candidato a rector, Ángel Garduño, enviaría personas para agredirlos si no suspendían su movimiento.
La grabación con la que se cuenta no es la llamada amenazante original, sino el relato de una estudiante, lo cual no acredita participación alguna del candidato mencionado. Sin embargo, permite dimensionar el temor experimentado por quienes participan en las movilizaciones.
La joven explica que varios de sus compañeros son menores de edad, manifiesta preocupación por una posible agresión y señala que algunos estudiantes consideran abandonar el movimiento por miedo a las consecuencias. Hacia el final de su mensaje expresa una frase alarmante: “Espero que este no sea mi último audio en este grupo”.
El próximo 23 de noviembre, la comunidad de Chapingo acudirá a las urnas para elegir a quien encabezará la universidad durante el periodo 2027-2031.
La contienda se desarrolla en un contexto de inconformidad estudiantil, denuncias de intimidación y cuestionamientos sobre la capacidad institucional para proporcionar seguridad.
La candidatura de Ángel Garduño García, quien busca continuar al frente de la institución, constituye parte de este contexto político.
Sin embargo, las investigaciones deberán establecer por separado quiénes realizaron las amenazas, si existió acceso indebido a información personal y cuáles fueron las actuaciones u omisiones concretas de las autoridades responsables.
La universidad debe garantizar la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la participación electoral sin amenazas, independientemente de las preferencias políticas de cada integrante de su comunidad.
Porque ninguna disputa electoral, ninguna diferencia política y ninguna inconformidad estudiantil justifican que un adolescente tenga miedo de permanecer en la universidad donde debería sentirse seguro.
Face: Pablo Ruiz Meza
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