El Listón Amarillo
Vivir en un fraccionamiento bajo el régimen de propiedad en condominio implica compartir espacios, servicios, infraestructura y responsabilidades. Sin embargo, existe una práctica cada vez más común que termina por debilitar la organización vecinal: exigir que las áreas comunes estén limpias, iluminadas, cuidadas y en buenas condiciones, pero negarse a contribuir económicamente para que esto sea posible.
El pago de mantenimiento no es una cooperación voluntaria ni una aportación que cada vecino pueda decidir cubrir cuando quiera. Es una obligación establecida en la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de Puebla. Su artículo 38 señala expresamente que todos los condóminos deben contribuir a los fondos de administración, mantenimiento y reserva, así como cubrir las cuotas aprobadas por la asamblea.
¿Para qué sirve este recurso? No se trata únicamente de pagar la limpieza de las calles o el cuidado de los jardines. Las cuotas permiten cubrir los gastos de operación, conservación y reparación de las instalaciones y bienes comunes, servicios de vigilancia, alumbrado, mantenimiento preventivo y correctivo, así como atender eventualidades que requieren recursos económicos. En otras palabras, permiten conservar las condiciones de funcionamiento y habitabilidad de los espacios que compartimos.
El problema aparece cuando una parte de los vecinos considera que pagar es opcional, que puede beneficiarse de los servicios sin contribuir o que su vivienda representa únicamente una propiedad individual, olvidando que también existe una responsabilidad sobre los bienes comunes.
La legislación poblana no deja este incumplimiento a criterio de cada persona. El artículo 40 establece que las cuotas no cubiertas oportunamente generan intereses moratorios y que las aportaciones aprobadas por la asamblea constituyen obligaciones de carácter civil, exigibles por la vía judicial. Incluso contempla la posibilidad de solicitar un embargo precautorio para garantizar su pago, conforme a las disposiciones civiles aplicables. A ello se suma lo establecido en el artículo 49, que contempla multas de diez a veinte veces el valor diario de la UMA, intereses moratorios y la restricción del derecho de voto en las asambleas para quienes incumplan con sus aportaciones.
Pero el problema no termina en quienes no pagan. También existe una responsabilidad en la manera en que se administran los recursos. En numerosos fraccionamientos, por ahorrar el costo de contratar una administración, las mesas directivas asumen directamente el manejo del dinero, generalmente a través de sus presidencias y tesorerías. No obstante, la ley distingue claramente las funciones: el artículo 35 establece que los condominios serán administrados por una persona administradora o por un Comité de Administración, mientras que el artículo 37 asigna a la mesa directiva tareas de supervisión, revisión de estados de cuenta y vigilancia del cumplimiento de los acuerdos de la asamblea.
Esto no significa que necesariamente deba contratarse a una empresa externa, pero sí que deben respetarse las figuras y responsabilidades establecidas legalmente. Administrar los recursos de una comunidad exige transparencia, rendición de cuentas, conocimiento de la legislación y capacidad para tomar decisiones responsables. No basta con ocupar un cargo vecinal ni con tener la voluntad de ayudar.
A esta situación se suma la falta de profesionalización de quienes ejercen funciones administrativas y, particularmente, el limitado acompañamiento institucional que reciben muchas comunidades. La figura del síndico municipal, que conforme al artículo 48 tiene competencia para conocer los procedimientos arbitrales en materia condominal, pocas veces se convierte en una instancia cercana y accesible para orientar y atender los conflictos cotidianos. En algunos municipios, su intervención parece reducirse a una figura que existe en la ley, pero que no siempre se refleja en la realidad.
El resultado es una combinación preocupante: vecinos que no cumplen con sus deberes, administraciones que carecen de preparación suficiente y autoridades que no siempre ejercen las atribuciones que les corresponden.
Es necesario entender que la cultura condominal no se construye solamente organizando reuniones, nombrando representantes o estableciendo cuotas. Se construye cuando reconocemos que nuestros derechos están vinculados a responsabilidades compartidas. También implica exigir transparencia a quienes administran, pero asumir puntualmente los compromisos que nos corresponden.
No podemos exigir mejores espacios comunes mientras contribuimos a deteriorarlos mediante la indiferencia y el incumplimiento. Tampoco podemos pedir administraciones responsables si no estamos dispuestos a respetar las reglas, participar en las asambleas y vigilar el destino de los recursos.
La habitabilidad urbana no termina en la puerta de nuestra vivienda. También depende de lo que sucede afuera, en las calles, jardines, instalaciones y espacios que compartimos. Vivir en comunidad implica derechos, pero también obligaciones. Y pagar el mantenimiento es una de ellas.
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