Nada personal

03 de junio de 2026

5:30

Por Pablo Ruiz Meza

4T: a rango constitucional, complicidad con la “maña”

Un peligro para la democracia, la gobernabilidad y estabilidad el discurso presidencial y la reforma judicial para utilizar la defensa de soberanía contra la injerencia extranjera, como una coartada para no investigar los vínculos de los políticos con los cárteles.

Se trata de un asunto político y constitucional que desconoce el tratado internacional de extradición firmada por México con Estados Unidos y otras naciones.

Se vuelve más peligroso el discurso presidencial del régimen porque lo han elevado a rango constitucional con la reforma judicial al incorporarlo como causal de anulación de una elección.

Para el oficialismo, en voz de la presidenta Sheinbaum, el combate a los cárteles trasnacionales de la droga y la narcopolítica, es una violación a la soberanía nacional.

Según el discurso presidencial, una solicitud de detención con fines de extradición de políticos o gobernantes ligados a cualquiera de los cárteles mexicanos, es una injerencia política con fines electorales de la ultraderecha de EU para influir en los comicios federales o estatales.

Es decir, los narcopolíticos en México son intocables para el régimen de la Cuarta Transformación, porque se trata de un asunto interno que sólo le corresponde al gobierno.

¿Qué hace el gobierno de la 4T?, nada. Contra el gobernador morenista de Sinaloa Rubén Rocha Moya, el oficialismo no hizo nada; bueno sí, lo encubrió y protegió para no ser investigado por el asesinato y la alteración del lugar del crimen del diputado federal electo Héctor Melesio Cuén Ojeda.

La FGR y el gobierno de la 4T no investigó ni llamó a comparecer a Rocha Moya en la trama de Los Chapitos para la privación de la libertad de Isamel El Mayo Zambada, para ser entregado a la justicia de EU, hecho ocurrido durante el gobierno del presidente demócrata Joe Biden.

El régimen encubrió a Rocha Moya al no citarlo a declarar, ni investigó a la fiscal General de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, por el montaje del supuesto asesinato de Cué Ojeda en una gasolinera y no en el lugar donde fue privado de la vida por sicarios de Los Chapitos durante el plagio de El Mayo Zambada.

Es un asunto interno en México, defiende en su discurso presidencial, para encubrir los operativos de Los Chapitos para reventar las elecciones en 2021 secuestrando a operadores electorales del PAN-PRI-PRD, así como el robo a mano armada de urnas para favorecer a Rocha Moya.

El régimen de la 4T no rompe el pacto con la narcopolítica en Sinaloa donde la complicidad en la narcoelección la pagó Andrés Manuel López Obrador con la designación de exgobernador del PRI Quirino Ordaz Coppel como diplomático.

AMLO y la 4T compararon el silencio de Quirino Ordaz designándolo embajador de México en España, para encubrir la intervención del Cartel de Sinaloa a favor de Morena y Rocha aquel 2021, exmandatario priista ratificado por Sheinbaum como diplomático, para refrendar el pacto de impunidad y no citarlo a declarar a la FGR.

Con todos estos indicios del encubrimiento a los cárteles, elevado a rango constitucional, y refrendado en el discurso presidencial del domingo 31 de mayo en el Monumento a la Revolución, de esta manera el gobierno selló el pacto de protección judicial a los “malos”.

Este blindaje constitucional de la causal de nulidad de la elección, afecta a partidos opositores, a votantes y el derecho a elegir; recurso judicial que será utilizando por el régimen cuando el Departamento de Justicia de EU emita una nueva solicitud detención con fines de extradición.

Están en la supuesta lista de extraditables más gobernadores, legisladores y alcaldes con presuntos vínculos con los cárteles de la droga declarados por EU como organizaciones criminales terroristas; y aun con el blindaje constitucional, serán detenidos, y esa será, para el gobierno de la 4T, una “injerencia extranjera” con fines electorales.

En el caso hipotético que una Corte federal de EU cuente con evidencias de la participación de cárteles en el huachicol fiscal y contrabando de hidrocarburos del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y el titular de la SEP Mario Delgado, ex líder nacional de Morena, el gobierno de la 4T los defenderá con el argumento de ser una “injerencia extranjera” para dañar al “movimiento” de la 4T.

El embajador de EU en México pidió a la presidenta no politizar el combate contra el narcotráfico internacional, pero el gobierno de la 4T dio al paso sin retorno en la deteriorada relación con el vecino país del norte.