Nada Personal
A partir de este 3 de noviembre, las aulas de educación básica en México comienzan a experimentar un silencio distinto: las notificaciones, los destellos bajo los pupitres y la consulta permanente de las pantallas quedan fuera de la dinámica escolar. La Secretaría de Educación Pública, con el respaldo de las autoridades educativas de las 32 entidades, pone en marcha una regulación que restringe el uso de dispositivos digitales personales durante la jornada escolar. La intención es legítima: privilegiar el aprendizaje, recuperar la convivencia presencial y proteger el desarrollo de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de la hiperconectividad. Sin embargo, una política pública no debe evaluarse únicamente por sus propósitos, sino por su capacidad para resolver las causas del problema.
La discusión no es nueva. La UNESCO, en su informe de 2023, advirtió sobre los riesgos de incorporar tecnología sin una justificación pedagógica clara. Asimismo, las evaluaciones internacionales han documentado la relación entre las distracciones digitales y un menor desempeño académico. La escuela debe ser un espacio donde la atención, la lectura y el pensamiento crítico puedan desarrollarse sin la interrupción permanente de un algoritmo. En ese sentido, limitar los celulares representa una oportunidad para recuperar la convivencia, favorecer el juego presencial y devolver protagonismo al aprendizaje.
No obstante, el principal riesgo consiste en confundir la contención con la formación. Restringir los dispositivos puede reducir las distracciones, pero no garantiza que los estudiantes desarrollen las capacidades necesarias para utilizar responsablemente la tecnología. ¿Cómo formar ciudadanos digitales si la escuela opta por mantenerlos al margen de una realidad que encontrarán fuera de sus aulas? La alfabetización digital exige enseñar a distinguir información confiable de desinformación, proteger la privacidad y reconocer los mecanismos de manipulación de las plataformas.
La desigualdad añade otra contradicción. Restringirlo sin fortalecer la conectividad y el equipamiento de las escuelas públicas puede ampliar la brecha frente a quienes cuentan con alternativas tecnológicas. La equidad educativa no consiste en retirar herramientas, sino en garantizar condiciones para aprender a utilizarlas.
La medida también debe convertirse en una oportunidad para fortalecer las capacidades pedagógicas del magisterio. Este periodo de restricción tendría que aprovecharse para dotar a las maestras y los maestros de herramientas, conocimientos y metodologías que les permitan incorporar progresivamente la tecnología a los procesos de enseñanza. No basta con mantener las pantallas apagadas; es necesario preparar a quienes educan para enseñar a utilizarlas con criterio, responsabilidad y sentido crítico. La formación docente debe avanzar al mismo ritmo que una generación que crece, aprende y se desarrolla en un mundo permanentemente conectado.
El desafío, además, trasciende el presente. En una década, la inteligencia artificial, la automatización y los entornos digitales transformarán profundamente el mercado laboral. Las nuevas generaciones necesitarán criterio, autonomía y capacidad para desenvolverse en esos espacios. Por ello, apagar las pantallas durante algunas horas no resolverá los hábitos digitales que se reproducen en casa ni sustituirá la responsabilidad de las familias, las plataformas y las instituciones.
La regulación es una respuesta pertinente, pero no una solución definitiva. El verdadero reto es formar estudiantes capaces de utilizar los dispositivos digitales sin convertirse en dependientes de ellos. Porque una escuela que únicamente enseña a desconectarse puede resolver una parte del problema, pero no necesariamente prepara para el futuro. Habremos recuperado la atención en las aulas, pero la verdadera lección será enseñar a las nuevas generaciones a dominar la tecnología y no permitir que ella las domine