Nada Personal

05 de mayo de 2026

5:30

Por Pablo Ruiz Meza

Extradición: razones jurídicas versus propaganda política

Con la aparición en la conferencia de prensa presidencial matutina de Luisa María Alcalde Luján, al estrenarse como consejera Jurídica de la Presidencia de la República, sólo confirma que la narrativa sobre el caso Rubén Rocha Moya está dirigida a sus audiencias: la militancia morenista, simpatizantes de la 4T y beneficiarios del Programa Bienestar.

La exdirigente nacional de Morena es hija de un prestigiado abogado laborista, Arturo Alcalde, asesor de sindicatos y centrales obreras, especialización académica que siguió su hija Alcalde Luján, la asesora jurídica, con título como abogada por la UNAM, con una especialidad en Derecho y una Maestría en la Universidad de California, Berkeley en EU.

Luisa María ha tenido una carrera enfocada en el derecho laboral y la administración pública, sirviendo en las secretarías del Trabajo, en Gobernación y en puestos de dirigencia partidista desde el sector juvenil.

Apareció en la conferencia de prensa mañanera junto a Claudia Shenbaum para repetir -que no argumentar jurídicamente- las presuntas razones “legales” de negarse a detener a Rocha Moya y a nueve personas solicitadas por el Departamento de Justicia de EU, con fines de extradición.

Al igual que la FGR, de la cancillería mexicana y de la presidenta, Luisa María Alcalde repitió como abogada y asesora jurídica el discurso político dirigido a la base social del movimiento de la 4T, en el mismo sentido, al reiterar la falta de “pruebas contundentes”, la violación de la confidencialidad, la supuesta injerencia, etcétera. Nada nuevo.

En el discurso político y no jurídico, Alcalde Luján recriminó la violación al principio de la presunción de inocencia que ha servido para él supuesto uso mediático; argumento que recuerda lo hecho en el gobierno de AMLO y el partido oficial contra Genaro García Luna.

La asesora jurídica seguro pude ser experta en derecho laboral, porque no tiene ni una pisca de constitucionalista y desconoce los tratados internacionales firmados por México, así como le ley reglamentaria, en la materia de extradición.

Los pasos jurídicos para atener la solicitud de la detención con fines de extradición los han explicado una y otra vez diversos juristas, pero el aparato de propaganda oficial machaca en la defensa de la soberanía y la no injerencia externa.

El acuerdo internacional de extradición firmada por México con varias naciones, establecidas en la Carta Magna con leyes reglamentarias, han explicado, no violan la soberanía nacional ni es una injerencia.

Reiteran los expertos en la materia, que, a una solicitud de detención provisional con fines de extradición, transcurren 60 días para que el país requirente aporte las pruebas al detalle de los presuntos delitos, y de acreditarlas, el país debe extraditar para que enfrenten el proceso en la corte del país donde son requeridos, donde se le puede o no hallarlo culpable.

Si la FGR no investigó a la titular de la Fiscalía General de Sinaloa en la alteración de la escena del crimen del exrector de Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) Héctor Melesio Cuén Ojeda, porque se tendría que esperar ahora investigue a Rocha.

Tampoco la FGR llamó a comparecer al entonces gobernador Rubén Rocha Moya para aclarar el encuentro con Cuén Ojeda con la presunta mediación de Ismael El Mayo Zambada, reunión convocada por la facción de Los Chapitos, que sirvió de pretexto para secuestrar a “El Mayo” y trasladarlo vía aérea a EU para entregarlo al FBI

Cómo creerle a la FGR una indagatoria contra Rocha y la 4T para la solicitud de extradición, si toleró la comisión de diversos delitos, desde los electorales, así como los de alto impacto durante la elección de gobernador aquel domingo 6 de junio de 2021.

La FGR y la FGE de Sinaloa no integraron la carpeta de investigación por la privación ilegal de la libertad de operadores electorales del PRI, así como por el robo de urnas en las casillas de votación por parte de Los Chapitos; la FGR simplemente guardaron silencio para encubrir a Rocha.

Un comportamiento similar de la FGR se observó en el caso del huachicol fiscal al no llamar a comparecer al presidente Andrés Manuel López Obrador por el involucramiento del titular de la Secretaría de Mariana Armada de México, Rafael Ojeda Durán, al tratarse de un subordinado del comandante en jefe de las fuerzas armadas. El gobierno de la 4T tiene esa virtud, de hacer de las mentiras jurídicas una verdad en la narrativa de defensa de la soberanía nacional y contra la supuesta injerencia externa con la orden de detención con fines de extradición, una coartada para aminorar el daño a la credibilidad del oficialismo, para alejarse el calificativo de narco partido, narco gobierno y narco Estado.