Exigen en San José Chiapa transparencia ambiental por recicladora

PUEBLA, Pue., 5 de mayo de 2026.- La resistencia contra el Polo de Economía Circular en San José Chiapa continúa escalando entre acusaciones de manipulación gubernamental, opacidad ambiental y presuntas represalias contra activistas que rechazan la instalación de una planta recicladora regional en la zona.

Julisa Contreras Zúñiga, abogada y activista originaria del municipio, denunció en entrevista para Quadratín Puebla que tras la manifestación del pasado 11 de abril, encabezada por pobladores inconformes con el proyecto, comenzaron una serie de acciones gubernamentales para “comprar la voluntad” de la población mediante la entrega de apoyos y reuniones cerradas.

La activista señaló que días después de la protesta comenzaron a repartirse tractores, calentadores solares, tinacos y otros apoyos en comunidades como San José Ozumba y Nuevo Vicencio. También se entregó una ambulancia al hospital comunitario.

“Llegaron a la comunidad un dron también para trabajos de campo que igual por lo que se nos ha dicho, es prestado, no es un regalo a la comunidad, son prestados, se habla de que ya se entregaron varios, me parece, manejaban la cifra de 200 calentadores solares, este, 200 rotoplases, todo esto supuestamente llega de apoyo a la comunidad, pero pues siendo realistas, aquí la opinión es que están intentando comprar, porque precisamente esto deviene de que nos manifestamos, de que le comentamos a la presidenta de la república, o sea, pues aquí no hay ni ambulancia, ni camión de basura, ni nada de eso”, comentó en entrevista Julisa.

Según explicó, estas acciones fueron acompañadas por reuniones restringidas en el auditorio municipal durante la visita del gobernador Alejandro Armenta Mier, donde únicamente ingresaron personas previamente registradas y beneficiarias de los apoyos.

Las promesas del gobierno para San José Chiapa

Según los comunicados del Gobierno de Puebla, se le prometió a San José Chiapa y las comunidades de San José Ozumba, San José Morelos, San Isidro Ovando, Ojo de Agua, La Purísima y Nuevo Vicencio, la generación de 500 empleos directos y 200 indirectos con el proyecto del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar.

La eliminación del tiradero ubicado en San José Chiapa y Rafael Lara Grajales, el cual está al límite de su capacidad a pesar de que se inauguró en 2023.

La pavimentación del doble carril de Amozoc a Acajete y de Nopalucan a San José Chiapa, con conexión hacia Oriental y Perote, así como apoyos al campo con fertilizantes y una inversión de mil 700 millones de pesos para fortalecer producción agrícola.

Mejorar la seguridad con patrullas y fortalecimiento de centros de mando municipales además de que se instalaron de 116 cámaras conectadas al C5 en la autopista.

No se conoce el impacto ambiental de la recicladora

El conflicto gira en torno al proyecto estatal que contempla la instalación de una planta recicladora y un Polo de Economía Circular que procesaría residuos de al menos 28 municipios.

El gobierno estatal sostiene que el proyecto detonará empleos, infraestructura y desarrollo regional. Sin embargo, habitantes y activistas acusan que las autoridades no han presentado públicamente los estudios de impacto ambiental y que las supuestas consultas ciudadanas carecen de transparencia.

Julisa Contreras sostuvo que el movimiento exige el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, tratado internacional que obliga a garantizar acceso a la información ambiental y participación pública antes de aprobar proyectos de alto impacto.

Demanda en camino por despido injustificado y amparo detenido

La activista informó que ya prepara una demanda por despido injustificado y acciones legales contra Raúl Pineda Raygosa, a quien identificó como el hombre que le arrebató la cartulina durante la protesta.

Además, confirmó que la comunidad promovió un amparo federal ante el Juzgado Noveno de Distrito en Puebla. Aunque el recurso fue admitido, se negó la suspensión provisional de la obra, situación que incrementó la desconfianza de los opositores, quienes sospechan de una posible injerencia gubernamental en el proceso judicial.

Mientras tanto, los pobladores permanecen en alerta ante el posible arranque del proyecto durante el segundo trimestre de 2026.