Hablemos de salud integral
El uno de abril de dos mil veinticinco, en la Unidad Habitacional Ex Hacienda Guadalupe, en Chalco, Estado de México, Doña Carlota de 74 años de edad accionó un arma calibre 38 especial a las afueras de una vivienda perteneciente a su hija.
Esto ante la noticia de invasión de la casa perteneciente a su hija, por parte de gente desconocida.
El caso se volvió viral a nivel nacional, por la difusión de un video en el que se ve a la señora disparar en contra de los invasores. En el lugar perdieron la vida dos hombres de 51 y 19 años de edad.
Doña Carlota fue detenida y vinculada a proceso junto a sus hijos Mariana y Eduardo por doble homicidio calificado con ventaja y fue internada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Sin embargo, un año después de los hechos, el uno de abril de dos mil veintiséis, fue excarcelada para llevar su proceso bajo prisión preventiva domiciliaria, en atención a un amparo concedido por un tribunal federal, en razón de su edad (74 años) y la merma en su estado de salud (pues la diabetes e hipertensión que padece se agudizaron en reclusión).
Recientemente, en entrevista en el podcast Penitencia, la septuagenaria afirmó que intentó solucionar la controversia de manera pacífica, pero en el momento que los invasores llamaron a más gente y amenazaron a sus hijos decidió protegerlos como cualquier madre lo haría y que si no lo hubiera hecho, no hubieran salido con vida.
Y tú te preguntarás, ¿qué está pidiendo la fiscalía? y ¿cuántos años le pueden dar?
Pues bien, los medios reportan que el Ministerio Público, solicitó la pena máxima para los imputados. Ante el juez, exigió 140 años de prisión para Doña Carlota y 210 años de cárcel para Mariana y Eduardo.
Ahora, los imputados negaron acceder al procedimiento abreviado, el cual, es una forma de terminación anticipada del proceso, en el que debían admitir su responsabilidad en el delito y aceptar ser sentenciados con las pruebas del Ministerio Público, a cambio de una reducción considerable en la condena.
Sin embargo, estos creen en su inocencia y el eje central de su defensa es el planteamiento de una legítima defensa. Este argumento busca acreditar que existió una amenaza real contra su integridad lo que justificaría su reacción conforme a la ley. Lo cual sobra decir es bastante difícil de acreditar.
En virtud de que requiere probar cuestiones como que ya les habían disparado primero o, por lo menos que las acciones desplegadas por los agresores, indubitablemente tuvieran la probabilidad real de poner en peligro la vida de Doña Carlota y sus hijos, como quizá que les estuvieran apuntando.
Finalmente, este caso ha desatado una gran conversación sobre varios temas, entre ellos ¿qué tan desagarrado está el tejido social, qué tanta falta de confianza hay en las autoridades o por qué las personas deciden no cumplir el derecho y hacer justicia por su propia mano? Lo cual reflexionaremos más adelante.