Indicador Político: FMI, el PIB es ancla antiinflacionaria, no bienestar

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, sorprendió a los economistas con el anuncio de que los programas de inversión pública y con inversión privada podrían llevar al Producto Interno Bruto de 0.7% en 2025 a 3% o más en 2026.

Pero la realidad económica tiene otros datos: las inversiones privadas y públicas no tienen efectos productivos al día siguiente de darse a conocer en una conferencia mañanera, sino que tardan en cristalizar quizá hasta más allá de cinco años.

A ellos se agrega la advertencia más importante: el PIB en México no representa una meta social y hasta demagógica, sino que por compromisos firmados con el Fondo Monetario Internacional el crecimiento económico es básicamente un ancla inflacionaria. Mover el PIB más allá del 2.5% anual implicaría efectos negativos en los precios y la inflación impactaría de manera directa a la devaluación.

A las cifras del PIB se agregó la danza de cifras del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, de cientos de miles de millones de pesos de inversiones privadas que estarían ya irrumpiendo en la economía. Pero los verdaderos empresarios no deciden inversiones a cambio de una foto en Palacio Nacional, sino en función de estructuras productivas y fiscales que les garanticen cumplir con el ciclo de inversiones-utilidades.

Después del impulso que le dio a la economía privada el Pacto por México del presidente Peña Nieto y su alianza con el PAN y el PRD al iniciar su sexenio en diciembre 2012, el populismo de López Obrador en 2018 desdeñó el papel de las inversiones privadas y echó a andar aumentos salariales que impactaron el costo de producción privado, una persecución del SAT contra los empresarios y promesas incumplidas de varios proyectos contracíclicos de infraestructura que sirvieron solo para difundirse en medios pero nunca se concretaron en la economía real.

En consecuencia, el promedio de PIB promedio anual del sexenio de López Obrador fue de 0.9%, no el 2% en 2019-2020, 4% en 2021-2022 y 6% en 2023-2024, para hacer cuando menos como promesa de campaña un promedio anual sexenal de 4%, abajo del 6% promedio anual que logró el período populista 1934-1982.

El segundo sexenio de la 4T ya le bajó una rayita a las expectativas de crecimiento económico y lo ubica en un modesto 3%, pero a partir de las expectativas reales de que la economía tendría que crecer 4% promedio anual para atender la demanda de empleo formal de salarios y prestaciones del poco más del millón de mexicanos que se incorporan por primera vez cada año a la población económicamente activa, y que el copetito de 2% adicional buscaría responder al desempleo y la informalidad acumulados por el estancamiento de 1983 al 2024.

La vigente política económica neoliberal de México que fue impuesta desde 1976 por el Fondo Monetario Internacional y que se revisa cada año hasta la fecha con compromisos asumidos en Cartas de Intención de Política Económica se basa en el objetivo central de mantener baja la inflación, pero con la circunstancia agravante de que los precios no se controlan por una economía dinámica sino por tres instrumentos que forman parte de los mecanismos autoritarios del Fondo que todos sus países socios deben de cumplir: el control de precios a través de la demanda vía PIB bajo, salarios que no se conviertan en costo de producción y disminución del gasto social improductivo que no está apuntalado con ingresos fiscales sanos del Estado.

La meta de PIB del secretario de Hacienda y los recursos multimillonarios anunciados por el secretario de Economía no son buenas noticias para la mala estructura productiva de la economía mexicana porque el aumento del PIB estaría generando desde ahorita presiones inflacionarias.

Y en el caso del secretario Ebrard, falta por conocer la percepción real de los empresarios que anunciaron cientos de miles de millones de pesos de inversión y de los inversionistas extranjeros que también dicen que vienen con las alforjas cargadas de dólares. Desde la crisis económica de 1973 las políticas económicas del neoliberalismo y del populismo son estrategias para beneficiar al Estado y no para impulsar una economía productiva sostenida por la inversión privada.

Los empresarios no van a invertir en México si los siguen acosando fiscalmente el SAT, si el gobierno está regresando a artificiales controles de precios que afectan la recuperación de inversiones vía utilidades, si no existe un sistema judicial que defienda el estado de derecho de la economía privada porque hoy todos los jueces de bienestar, si los inversionistas tienen que aparecer públicamente en Palacio Nacional para anunciar inversiones como demagogia y si la inseguridad sigue chantajeando a la economía privada.

Si acaso los secretarios de Hacienda y de Economía tienen razón en sus metas de PIB e inversiones que suenan más al cuento de la lechera, México de podría estar esperando una tormenta perfecta de inflación.