Fragmentos territoriales, tres en uno

Vivienda social bien localizada; mentiras y omisiones; en Puebla habitamos en peligro

En esta ocasión aprovecharé mi columna para hablar de tres diferentes temas sobre Puebla y su territorio. 

Vivienda social ¿en dónde?

A propósito de la entrega de casas del programa federal Viviendas para el Bienestar por parte del Infonavit en Puebla hace unos días, en un posteo de redes sociales escribí “El problema no es la casa, es la ubicación y de eso no habla mucho el Programa (porque sus ubicaciones no suelen ser muy adecuadas que digamos)”. Si bien mi comentario pareció resonar en muchas personas, otras respondieron cosas como “¿prefieres no tener casa a tener una lejana?”, “has de querer vivir en Polanco”, “todo quieres”, “tener una casa propia bien vale la pena algunos sacrificios”, además de un par de insultos sin mayor sentido. 

Cabe aquí la reflexión: las políticas habitacionales no deben reducirse a la construcción de casas. La localización constituye un elemento esencial para considerarse como vivienda adecuada, mientras que la vivienda periférica suele convertirse en un factor de exclusión y vulnerabilidad. Aunque las soluciones habitacionales lejanas de los centros, en apariencia reducen el costo inicial del suelo y por lo tanto de la construcción final, a lo largo de la vida útil de esa vivienda se generan importantes costos sociales, económicos y ambientales que terminan siendo asumidos tanto por quienes las habitan, como por el propio Estado. En los desarrollos distantes, las personas deben destinar una alta proporción de sus ingresos al transporte diario, es decir, lo que ahorran en el precio de la vivienda se traslada a los gastos permanentes en movilidad. 

La localización periférica de la vivienda contribuye también a la segregación socioespacial. Cuando las poblaciones de menores ingresos son desplazadas hacia zonas alejadas, se produce una separación física entre distintos sectores de la sociedad y con ello se limita el acceso equitativo a las oportunidades urbanas. Esta segregación no solo tiene una dimensión territorial, sino también económica, social, ambiental y de salud pública, pues condiciona las posibilidades de movilidad social, de acceso al empleo, de calidad educativa, de recreo y ocio, así como de participación en la vida pública de la ciudad. La exclusión restringe pues el ejercicio efectivo de los derechos humanos. En el mismo hilo de posteos que menciono, finalmente escribí “Increíble la gente que cree que una vivienda social merece una ubicación más lejana en las ciudades: la localización cerca de empleo, equipamientos y transporte no es un atributo secundario de la vivienda, sino una parte esencial del valor de la misma. No nos conformemos con menos que el verdadero derecho a la ciudad”.

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Mentirillas y omisiones

Semanas atrás en Diario Cambio me dedicaron durante dos días la primera plana, a propósito de lo que su reportera llama mi férrea postura crítica contra el cablebús. Entre otros infundios, afirma que “de acuerdo a documentos proporcionados” (sic) emití dictámenes sustentados en información presuntamente falsa cuando hace más de una década fui directora de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado. Como una muestra de ello, cita un par de proyectos de equipamiento urbano que “validé” en 2015 con sustento en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable (PMDUS) de Huauchinango, cuando de acuerdo con el Diario, dicho instrumento no existía. 

Una vez más lamento que las autoridades encargadas del ordenamiento del territorio en Puebla muestren tan poco compromiso con sus obligaciones. La información que la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial proporcionó a Cambio fue incorrecta. El Programa de Desarrollo Urbano de Huauchinango estuvo vigente desde 1996 y durante 20 años, cuando fue actualizado mediante el instrumento publicado en el Periodico Oficial del Estado el 28 de enero de 2016.

Es probable que la omisión del dato tenga relación con el Listado de instrumentos de planeación por municipio (https://ventanilla.puebla.gob.mx/textos/1/PUEBLA/doc/80031_Listado_Instrumento_Planeacion.pdf), en el cual no se encuentra el PMDUS de Huauchinango vigente. Esperemos que las decisiones oficiales sobre el territorio no se tomen con base en información pública incompleta como ésta.

Viviendo en peligro

Hace unos días desde el Ejecutivo poblano se hablaba del limitado estado (en cobertura y en actualización) de los Atlas de Riesgos en Puebla. El Programa Nacional de Protección Civil (PNPC) 2026-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación apenas el 18 de mayo de este 2026, es la estrategia rectora del Estado mexicano para atender la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. En este marco, los Atlas de Riesgos son herramientas fundamentales y obligatorias para mapear las amenazas y las vulnerabilidades a fin de proteger a las poblaciones. Tras la publicación del PNPC, las autoridades locales (estatales y municipales) tienen un plazo de 90 días para elaborar o actualizar sus propios programas operativos, instalar sus consejos de protección civil y solicitar asesoría para integrar o actualizar sus Atlas. Recordemos: no son diccionarios o documentos sin utilidad. En Puebla habitamos entre una buena diversidad de eventos peligrosos. Apremia contar con estos instrumentos y cumplir puntualmente con sus medidas en las ciudades y los centros de población.

X: @AssenetLavalle