Ernesto Ruffo es inocente

La presunción de inocencia no forma parte del mexicano. Suficiente la maledicencia o que se formalice la orden de detención para que se precipite la sentencia social. Realidad de siempre. En la percepción popular el proceso judicial es un laberinto en el que todo puede acontecer, menos la justicia. Nota aparte, en países de sólida tradición legal hasta personas condenadas llegan a ser presidentes, como en el país vecino, que al amparo del voto mayoritario llevó a Donald Trump de regreso a la Casa Blanca.

Ernesto Ruffo es inocente y lo blinda la parcialidad y acreditada incompetencia de su acusador. Incluso si fuera sentenciado en todas las instancias su condición quedaría a salvo, porque en este país la justicia dejó de existir al momento mismo que el régimen político se hizo del Poder Judicial. No hay justicia sin autonomía e independencia del juzgador y aquí se anuló desde el proceso para llegar al cargo y la manera como se organizó la judicatura en la que el control arbitrario superior prevalece, así como el miedo a la fulminante sanción.

El régimen se ensañó con Ernesto Ruffo e hizo de la justicia penal recurso. La embestida iba más allá de una persona honorable, cuya forma de vida (de él y la de los suyos) habla por sí misma. Se trataba de desacreditar a un símbolo de la lucha democrática, una manera de estigmatizar a uno de los mayores logros de esta generación, la normalidad democrática que en la torcida visión del obradorismo no es más que un engendro engañoso del régimen neoliberal. De allí el encono, la decisión de llevar al detenido al reclusorio de reos de alta peligrosidad. Tiene razón el régimen, la democracia es veneno puro para ellos; y han dado sobrada cuenta.

Un espectáculo el de la titular de la FGR al hacer al detenido responsable de uno de los delitos que más condenan y comprometen al régimen político, el contrabando de combustible que ha servido para (además de enriquecerse) fondear las campañas para prevalecer y mantenerse en el poder. Ridículo el señalamiento de doña Ernestina Godoy como el responsable mayor de un crimen consentido desde la más elevada oficina pública; una ironía que en esta semana quedara exhibida en su precariedad profesional, una vez más, por un supuesto hallazgo histórico de contrabando de combustible. La fiscal debiera borrar la palabra histórica de su diccionario.

El régimen se excedió en su encono, llegando a la crueldad. Una persona mayor con salud mermada hacía obligado que no sólo por razones legales, sino por elemental decencia, por un básico sentido humanitario, que se llevara el caso en libertad del imputado. La juez así resolvió en estos días en virtud de un amparo. Ha sido una obligada corrección. No debe verse como concesión ni generosidad de quien mueve los hilos de la justicia; por el régimen Ernesto Ruffo fue liberado del reclusorio del Altiplano; la FGR no impugnó. Pero no hay que caer en la trampa de la falsa gracia, más cuando está acompañada de condena anticipada. Nota aparte, parece que el traslado será por tierra, una muestra más a la crueldad de por medio.

Se excedió el régimen ante la ostensible impunidad a los suyos. La casa está corrompida. No es una manzana la podrida, es la canasta entera. Por eso el régimen está entrampado y no puede juzgar a ningún personaje de casa. Tiene razón el gobernador Rocha Moya, la acción de la justicia es contra el conjunto, contra todos. Bien entiende y sabe que su falta no es privativa de él. Por eso la FGR no pudo imputarlo ni siquiera por el encubrimiento de la fiscalía bajo su control del homicidio de Melesio Cuen, señalamiento formalizado por las indagatorias de la FGR. 

Degradada la justicia criminal mexicana. Las evidencias de incompetencia y parcialidad se acumulan en el qué hacer y en el que no. La impunidad es condición de existencia del régimen político. No importa la exigencia social, el ridículo público ni la amenaza del poderoso vecino. La impunidad ha adquirido carta de naturalización, justo lo que más pesa en la embestida contra Ernesto Ruffo y lo que él representa.

La libertad provisional y condicionada de Ruffo es un logro mayor, pero no puede quedarse allí. Es necesaria su absolución, que requiere una buena defensa legal -que la ha tenido-, pero también una vigorosa presión pública y una acción que deje al descubierto la razón de la perniciosa causa del régimen político.