Rinde Marisol Ávila su segundo informe al frente de AECO
PUEBLA, Pue., 12 de noviembre de 2026.- En Puebla, como en el resto del país, los asaltos de bienes o dinero y el robo hormiga, fueron los delitos más frecuentes que se registraron a lo largo de 2025 en los establecimientos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De acuerdo con el informe, el costo total de la inseguridad para las unidades económicas en el estado ascendió a 15 mil 127 millones de pesos, registrando un incremento del 121.3 por ciento en comparación con 2023.
Puebla registró el mayor costo total estimado del delito entre las entidades del país, por encima de Ciudad de México, que reportó 12 mil 957.8 millones de pesos; y del Estado de México, con 8 mil 646.4 millones.
De igual forma, el costo promedio de los delitos para las empresas del sector formal en el estado casi se duplicó entre 2023 y 2025 al pasar de 39 mil 581 a 75 mil 765 pesos anuales; además debieron pagar en diversas medidas de protección.
La tasa de delitos registrados dividida por sectores por cada 10 mil empresas, fue la siguiente: en micromercios, se reportaron 2 mil 575 casos; en pequeños fue de 5 mil 384 quienes sufrieron un delito; en medianas empresas, se reportaron de 6 mil 596; y en grandes corporativos, fueron 6 mil 383 los ilícitos sufridos.
Por lo que respecta a los delitos más frecuentes: los casos de asalto de bienes o dinero, se registraron un total de 39 mil 585; y los robos hormiga dentro de las instalaciones, sumaron 36 mil 777 casos en el año.
Respecto a las extorsiones, se reportaron 29 mil 530 casos, la mayor parte ocurridos a través de medios como llamadas telefónicas, correos electrónicos o mediante páginas de internet.
Las cifras de la ENVE señalan que en el estado de Puebla hay 361 mil 71 unidades económicas, es decir, todo tipo de comercio que participa de la economía local y que está legalmente establecido.
De estas unidades económicas, 100 mil 402, equivalentes al 28 por ciento del total, fueron víctimas de al menos un delito, arrojando pérdidas anuales por 11 mil 236 millones 330 mil 520 pesos a consecuencia de la delincuencia.
A lo anterior habrá que sumar las medidas de protección tomadas por los empresarios para evitar y prevenir futuros ilícitos en sus establecimientos, las cuales ascendieron a 3 mil 890 millones 965 mil 870 pesos durante el año medido por la encuesta.
Además del incremento en los costos por los delitos para las unidades económicas del estado, también aumentó la percepción de inseguridad para los empresarios locales.
En 2023 se sentían inseguras 74.5 por ciento de las empresas poblanas, cifra que se elevó a 85.3 por ciento en 2025, lo que representa un aumento del 14.5 por ciento.
En contraste, la tasa de incidencia tuvo una disminución de 20 por ciento, toda vez que por cada 10 mil comercios, 2 mil 663 fueron víctimas de la delincuencia en 2025, frente a los 3 mil 327 de 2023.
La ENVE reveló que 29.7 por ciento de las unidades económicas dejaron de manejar efectivo o redujeron al mínimo la presencia de monedas y billetes al interior de las instalaciones del establecimiento, esto para evitar algún tipo de robo o asalto.
Asimismo, 25.6 por ciento disminuyeron sus horarios de comercialización o producción de bienes ante el riesgo de sufrir un ilícito.
En tanto, el 23.9 por ciento de las empresas cancelaron cualquier plan de crecimiento o inversiones por la inseguridad; mientras que 11.1 por ciento dejaron de hacer negocios con otras empresas y el 11 por ciento cancelaron o modificaron rutas de distribución o venta de productos ante el temor de sufrir un asalto.
También se reportó que los dueños de las unidades económicas también se vieron forzados a alterar sus hábitos, toda vez que el 3.9 por ciento dejó de asistir a sus establecimientos por el temor de ser víctimas de un ilícito.
Puebla figuró entre los tres estados donde las empresas se vieron más obligadas a modificar sus hábitos ante la inseguridad, junto a Tabasco y Morelos.
Finalmente, la encuesta arrojó que el 91.8 por ciento de los delitos cometidos contra empresas no se denunció o no derivó en una carpeta de investigación.




