Al Margen del Estado

El derecho a corregirse

Contra todo pronóstico reciente, la Suprema Corte decidió recordar que los contribuyentes también tienen derecho a corregirse. Hace apenas unos días, la Corte resolvió que el límite temporal para cancelar CFDI previsto en el artículo 22, fracción VI de la Ley de Ingresos resultaba inconstitucional, al vulnerar la seguridad jurídica y el derecho de autocorrección fiscal. 

Huelga decir que la declaratoria por parte del máximo tribunal del Estado, respecto a la inconstitucionalidad de una norma fiscal, no es algo común. De hecho, los que acostumbramos a buscar jurisprudencia para litigar derecho administrativo, sabemos que está plagada de respaldos a las normas tildadas como inconstitucionales, desde hace ya una década. Por eso no era tan esperado que se hiciera este tipo de declaratoria, y mucho menos en el contexto de la integración de la nueva Corte. 

Para contextualizar, el problema no era únicamente cancelar una factura fuera de plazo, sino también asumir que la realidad económica y comercial necesariamente tenía que ajustarse a un calendario rígido diseñado administrativamente. Por eso el criterio se vuelve mucho más interesante de lo que parece.

Durante años, el sistema de facturación electrónica fue evolucionando hasta convertirse en algo mucho más complejo que un simple mecanismo de control tributario. CFDI, complementos, cancelaciones, sustituciones, validaciones, claves, catálogos y plazos terminaron construyendo un ecosistema donde equivocarse operativamente podía convertirse, con enorme facilidad, en un problema fiscal serio. En repetidas ocasiones se ha señalado en este espacio que, en la práctica, el sistema dejó de distinguir entre evasión y error.

Cancelar una factura fuera de tiempo podía derivar en inconsistencias contables, imposibilidad de deducción, problemas de acreditamiento o diferencias fiscales que, en muchos casos, nacían simplemente de operaciones comerciales que cambiaron, se reestructuraron o se corrigieron después. Algo bastante normal en el mundo real… aunque no necesariamente en el mundo idealizado de la administración tributaria.

En esencia, la seguridad jurídica no solo protege frente a actos arbitrarios de la autoridad. También protege frente a sistemas normativos tan rígidos que terminan volviendo prácticamente imposible corregir errores ordinarios de operación. El problema es que, en México, la fiscalización reciente parece haberse construido exactamente en sentido contrario.

Hemos visto restricciones de sellos digitales utilizadas como mecanismo de presión operativa, vigilancia permanente sobre plataformas digitales, reglas cambiantes, fiscalización preventiva y criterios cada vez más estrictos en materia de cumplimiento. Todo ello acompañado de una lógica donde el contribuyente debe acertar siempre, en tiempo y forma, incluso dentro de sistemas administrativos cada vez más complejos. Nuevamente, algo que se ha tratado ya en varias entregas de esta columna.

La resolución introduce, quizá de manera inesperada en el contexto actual, un límite razonable frente a esa tendencia. Digamos que se trata de una bocanada de aire fresco que todos los contribuyentes necesitaban. Porque, detrás de todo, la actividad económica real puede ser (de hecho, es) imperfecta, dinámica y corregible. El legislador federal pretende operar bajo una lógica donde cualquier desviación administrativa merece consecuencias fiscales permanentes. 

Después de todo, corregir operaciones comerciales debería ser algo relativamente normal. Lo verdaderamente extraordinario fue tener que llegar hasta la Suprema Corte para recordarlo. Y, contra lo que muchos esperaban, esta vez la Corte sí decidió hacerlo.

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