Adoración a la muerte, una práctica milenaria
PUEBLA, Pue., 25 de mayo de 2026.- A casi un año de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla prometiera integrarse a la estrategia de regulación de anexos, la propuesta continúa en análisis.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del estado, en 2025 se contabilizaron 246 anexos; sin embargo, según el titular de la SSP, Francisco Sánchez González, varios de estos centros operan en la clandestinidad.
Según datos oficiales públicos, en 2022 se cerraron 32 anexos; en 2023, solamente uno; en 2024, cuatro; y en 2025, cinco, dando un total de 44 centros clausurados por irregularidades en los últimos cuatro años.
Desde 2022, al menos 20 personas han fallecido en anexos o centros de rehabilitación en Puebla, de acuerdo con un recuento actualizado de reportes periodísticos y casos documentados públicamente.
Las principales causas han sido homicidios, golpizas, negligencia, problemas de salud sin atención médica adecuada, suicidios y presuntas agresiones dentro de los centros.
La regulación de estos espacios, así como la vigilancia de su correcto funcionamiento y efectividad, resulta vital.
Un caso reciente que conmocionó a nivel nacional fue el de José Alfredo, originario de Tehuitzingo, Puebla, quien apenas el 21 de abril había salido de un anexo de la localidad por su consumo de drogas y, días después, el 17 de mayo, asesinó a 10 integrantes de su familia y a trabajadores tras un conflicto familiar.
Con ayuda de al menos tres sujetos armados, José Alfredo, alias El Pony y quien ya fue detenido, asesinó a balazos a seis hombres, tres mujeres y una bebé de dos meses.
José Alfredo consumía cocaína, cristal y bebidas alcohólicas y, a pesar de haberse rehabilitado en un anexo, su estancia no le permitió mejorar su calidad de vida ni su salud mental.
Así, entre centros clandestinos, supervisiones insuficientes y casos que terminan en tragedia, la regulación de los anexos en Puebla continúa siendo una deuda pendiente para las autoridades.




