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PUEBLA, Pue., 8 de febrero de 2026..- El reciente traslado de Javier López Zavala al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, ha generado tensiones sobre el equilibrio de poder al interior del Penal de San Miguel, uno de los Centros de Reinserción Social (Cereso) más conflictivos del estado de Puebla.
La madrugada del pasado 2 de febrero, bajo un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales el excandidato priista a la gubernatura de Puebla y sentenciado a 60 años de prisión por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón fue trasladado desde San Miguel al penal federal ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La medida, que fue justificada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal como necesaria para garantizar la estabilidad interna del Cereso, responde también a denuncias de presuntos tratos preferenciales hacia el reo durante su estancia en San Miguel.
La hermana de la víctima, Helena Monzón, había denunciado públicamente que López Zavala podía gozar de privilegios dentro del Penal poblano, señalando incluso comportamientos de deferencia de custodios hacia el sentenciado, lo que motivó una demanda para que el caso se llevara a un centro de máxima seguridad federal.
Antes de su traslado, López Zavala permanecía en San Miguel, un centro penitenciario que fuentes periodísticas y de seguridad han descrito como un espacio donde varios grupos de internos disputan el control interno mediante cobros por protección, acceso a bienes y operaciones ilícitas.
Según fuentes de seguridad, las células vinculadas a organizaciones delictivas como La Familia Michoacana, Los Zetas y bandas locales compiten por el dominio en diferentes áreas del penal y la administración de negocios al interior de la prisión.
Ese contexto de pugna constante había colocado a San Miguel como un foco de riesgo, con denuncias de extorsiones, venta de objetos prohibidos y riñas, según familiares de internos y reportes de prensa.
Con la salida de López Zavala a un Penal Federal de máxima seguridad, las fuentes de seguridad indicaron que uno de los grupos internos que podría haber perdido influencia es el asociado al entorno político del excandidato, que, según las quejas, había generado ventajas dentro del sistema local.
Sin embargo, la situación general de control no se ha resuelto por completo, pues otras estructuras delictivas internas mantienen presencia y siguen disputándose espacios de poder dentro del Cereso de San Miguel.